El empresario Braian Obregón, principal imputado en la causa federal conocida como Caso Cebra, se presentó ante la Justicia pero optó por abstenerse de declarar en su primera citación. La decisión se enmarca en la reciente designación del abogado penalista Pablo Vianello, quien acaba de asumir la defensa y recién comienza a tomar contacto con el expediente.
Fuentes cercanas a la causa explicaron que la estrategia inicial será ganar tiempo para conocer en detalle las pruebas y preparar una línea argumental frente a imputaciones que combinan lavado de activos agravado, contrabando y violaciones al Código Aduanero y a la Ley de Marcas.
La familia de Obregón, en tanto, solicitó expresamente que el abogado se mantenga en silencio ante la prensa y evite declaraciones públicas.
El expediente, instruido por el fiscal federal Patricio Sabadini, cobró notoriedad tras los allanamientos en los depósitos de Cebra Phone, donde se secuestraron más de 200 iPhone nuevos y mercadería valuada en más de 200 mil dólares sin respaldo aduanero. También fueron confiscados artículos deportivos de lujo, paletas de pádel y productos eróticos, además de vehículos de alta gama en procedimientos realizados en Resistencia y Paso de la Patria.
La pesquisa también indaga sobre el uso de criptomonedas en los comercios de Obregón, lo que abrió una línea paralela en la Unidad de Información Financiera (UIF) por eventuales operaciones sospechosas.
El caso
En apenas dos años, Braian Obregón pasó de manejar cifras marginales a superar los $1.300 millones en acreditaciones bancarias, un salto patrimonial que encendió las alarmas judiciales. El fiscal federal Sabadini sostiene que ese crecimiento vertiginoso se apoyó en un circuito de facturación irregular, empresas sospechadas por AFIP y maniobras de contrabando, con el agregado de bienes de lujo y viajes internacionales que no se condicen con su perfil fiscal.
La investigación detectó vehículos de alta gama, propiedades, una lancha, motos y camionetas, muchos de ellos registrados a nombre de terceros o ofrecidos en redes sociales. También se acreditó el uso de criptomonedas y pagos en efectivo para viajes al exterior, lo que reforzó la hipótesis de lavado de activos.
En paralelo, el expediente vincula a Obregón y a su pareja, Agostina Vargas Vispo, con facturas presuntamente apócrifas por más de $150 millones emitidas por firmas declaradas “no confiables”. Para la fiscalía, todo eso habría servido para blanquear ganancias de origen ilícito mediante comercios, operaciones financieras y la compra-venta de bienes de lujo.
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