En la provincia del Chaco se desató una controversia tras la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el Fondo Estímulo Productivo (FEP) que perciben los trabajadores del Ministerio de Producción, un adicional salarial vigente desde 2015. Los empleados aseguran que la medida implica una quita de hasta el 95% de sus ingresos, fue adoptada de forma unilateral y vulnera derechos adquiridos. Desde el Gobierno, en cambio, argumentan que el mecanismo era contrario a la ley y debía ser corregido.
El conflicto quedó expuesto en las últimas horas con asambleas, protestas internas y la difusión de comunicados en los que los trabajadores denunciaron que “el Gobierno de Zdero nos robó el 80% de nuestro salario”, en referencia al impacto que tiene la eliminación del FEP sobre los haberes mensuales.
En diálogo con Perfil, Raúl Cantero Garcilazo, trabajador del Ministerio de Producción e integrante del gremio UPCP, explicó que el reclamo comenzó cuando advirtieron que no se estaba cargando el fondo estímulo dentro de los plazos administrativos habituales.
“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo. Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, relató.
Según precisó, el Ministerio cuenta con unos 600 empleados, todos alcanzados por la medida. “El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, detalló.
Cantero Garcilazo cuestionó además el procedimiento adoptado por el Ejecutivo: “Ayer hubo una reunión de la mesa técnica, que históricamente asesora al ministro, junto a directores y un representante gremial, pero fue un monólogo. Nos dijeron que cobrábamos mal, que éramos ‘bendecidos’ y que deberíamos agradecer que no nos pidan devolver lo percibido”.
La legalidad del fondo, en el centro del conflicto
Desde los trabajadores sostienen que el FEP es un derecho adquirido, reconocido por ley y abonado sin objeciones durante casi una década. “El fondo se percibe desde 2015. Primero por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General”, afirmó.
También rechazó que los empleados se apropien de recursos específicos. “Nosotros no tocamos la recaudación. Todo va a Rentas Generales. El fondo se paga con recursos del Estado, no sacamos plata de multas ni de fiscalizaciones. Eso quedó claro, pero no quisieron escucharlo”, señaló.
En ese marco, denunció que la decisión fue impulsada por un área sin competencia legal directa, durante el receso administrativo y “con una celeridad llamativa”. Además, advirtió que el recorte se produce en un contexto de deterioro de la cobertura del INSSSEP, que obliga a los trabajadores a afrontar plus médicos de entre 40.000 y 50.000 pesos, y sin respuestas claras para los jubilados.
La postura del Gobierno: “Había un uso indebido de fondos”
Desde el Ejecutivo provincial, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, defendió la decisión. Según explicó, el fondo estímulo vigente se había creado por una resolución ministerial de la gestión anterior que “iba en contra de una ley provincial que establece la intangibilidad de esos recursos”.
“Las multas y sanciones que aplica el Estado en su poder de contralor ingresaban a una cuenta provincial y se transferían directamente a los empleados. Los dictámenes de los órganos de control determinaron que ese uso del dinero no correspondía y que debía ir a las arcas del Estado”, sostuvo en declaraciones a Radio Libertad.
Meiriño remarcó que la decisión se tomó por instrucción del gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de “ordenar” el esquema salarial y evitar desigualdades dentro del Ejecutivo. “No puede ser que en concepto de fondo estímulo algunos cobren el 300% del sueldo y otros no. Tenemos que hacer las cosas bien, modificar la ley y establecer reglas claras”, afirmó.
La funcionaria aclaró que no se responsabiliza a los empleados por la situación y adelantó que el Gobierno buscará una salida normativa, aunque reconoció que “no va a ser lo mismo” que el esquema anterior.
Mientras el Ejecutivo avanza con la derogación de las resoluciones que daban sustento al FEP, los trabajadores del Ministerio de Producción anticiparon que continuarán las medidas gremiales y no descartan acciones legales. “No es un ordenamiento, es un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados”, sostienen en sus comunicados.
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