En un giro crucial en la investigación por el brutal ataque que dejó al borde de la muerte a Enzo Javier Alvez Da Silva en la localidad correntina de Juan Pujol, el fiscal Bruno Monzon de Mocoretá imputó formalmente a cuatro personas por tentativa de homicidio agravado.
La víctima, que recibió al menos 20 puñaladas, permanece en Terapia Intensiva del Hospital Escuela con pronóstico reservado.
La celeridad de la investigación permitió al fiscal Monzon avanzar con solidez en el caso. Apenas horas después del salvaje episodio, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los sospechosos, donde se logró secuestrar elementos clave como ropa y zapatillas con manchas de sangre, varios cuchillos y teléfonos celulares.
La teoría del caso que bosquejó el fiscal es contundente: Ramona Inés M., Leandro Alejandro R., Víctor Leandro L., y el menor de 18 años S.A.C. habrían pergeñado un "plan criminal para matar a Alvez Da Silva".
El ataque, que ocurrió pasadas las 3 de la madrugada del último domingo, se produjo cuando la víctima fue sorprendida mientras caminaba junto a su pareja y su hija.
Según la investigación, tras una discusión, los imputados apuñalaron a Alvez Da Silva en "zonas vitales". La participación de la mujer, Ramona Inés M., es destacada por la acusación, quien le habría arrojado un botellazo en la cabeza y pateado a la víctima indefensa, además de arengar a sus cómplices durante todo el ataque.
La imputación formal del fiscal Monzon es por el delito de "tentativa de homicidio agravado por ser con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por valerse de un menor de 18 años para delinquir en coautoría funcional".
La presencia de un adolescente en el hecho activó la intervención de la Asesora de Menores e Incapaces de Monte Caseros, Valeria Soledad Fornaroli, dada la punibilidad del menor a través del Régimen Penal de Menores.
Durante la audiencia de ayer, el Juez de Garantías Eduardo Alegre concedió la solicitud del fiscal de dictar prisión preventiva para los tres adultos imputados. En cuanto al menor de edad, se estableció un régimen de detención domiciliaria.
El defensor oficial, Daniel Gutiérrez, interviene en representación de dos de los acusados.
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