Formosa logró un fallo de fuerte impacto en medio del conflicto abierto por la suspensión masiva de pensiones por discapacidad. El Juzgado Federal N° 2 ordenó restituir los beneficios quitados, reconoció la validez de los reclamos provinciales y exigió que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ajuste sus auditorías a la normativa vigente. La sentencia, ya notificada a la Nación, convierte a Formosa en la primera provincia del país en obtener una resolución de fondo que obliga al Gobierno nacional a restituir pagos retroactivos y a corregir procesos administrativos, cuestionados por “irregulares” y “arbitrarios”.
El fallo ordena restituir pagos retroactivos y obliga a ANDIS a adecuar sus auditorías a la ley.
El defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, explicó que el fallo deja sin margen de interpretación: las auditorías hechas en el territorio provincial violaron protocolos básicos, invirtieron la carga de la prueba y generaron graves perjuicios a personas en situación de vulnerabilidad.
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Auditorías irregulares y notificaciones arbitrarias
Gialluca describió que la Justicia consideró que Nación aplicó un procedimiento “incompatible” con los derechos de las personas con discapacidad. Las notificaciones —dijo— fueron enviadas con plazos exiguos, a más de 200 kilómetros de distancia y sin mecanismos fehacientes.
“Se citaba incluso a menores de edad, algo absolutamente insólito”, señaló.
En algunos pueblos, los avisos llegaron a través de radios, voceros improvisados en plazas o incluso locales partidarios, métodos que el fallo considera violatorios de garantías básicas. El resultado fue contundente: cientos de personas perdieron la pensión sin haber podido defenderse, ya sea por no haberse enterado a tiempo o por no poder trasladarse. “El Estado puede auditar —advirtió Gialluca—, pero no de manera caprichosa ni avasallando derechos”.
Formosa denuncia que las suspensiones se hicieron con plazos irrisorios y notificaciones irregulares.
Un precedente nacional
La sentencia fija el 27 de febrero de 2026 como fecha máxima para regularizar los beneficios suspendidos. Según el Defensor del Pueblo, este fallo se inscribe en el mismo espíritu de la Ley de Emergencia de Discapacidad, que Nación tampoco está cumpliendo.
Formosa presentó el reclamo junto con la Fundación Camino Azul y el Instituto de Pensiones Sociales, en medio de denuncias que se multiplicaron desde mediados de año. Gialluca pidió a las personas afectadas acercarse a ANSES, municipios, áreas sociales, Comisiones de Fomento, la Dirección de Discapacidad o la Defensoría del Pueblo para evitar nuevas bajas por falta de documentación: “No queremos encontrarnos con sorpresas”.
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