Dos decisiones conviven hoy en la caja política de Misiones: por un lado, la necesidad urgente de preservar el equilibrio fiscal en un cierre de año atravesado por restricciones de recursos; por el otro, la intención de evitar cualquier impacto sobre los salarios del conjunto de la administración pública.
En ese marco, el gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto Nº 2482, que reprograma para el 20 de enero de 2026 el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre para los funcionarios de más alto rango del Poder Ejecutivo.
La medida fue suscripta también por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y por el coordinador general de Gabinete, Héctor Ricardo Llera, y se enmarca en un proceso de “reordenamiento financiero” ante un fin de año con fuerte tensión presupuestaria, caída de transferencias nacionales y un incremento sostenido de los costos de funcionamiento provincial.
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Qué funcionarios quedan alcanzados por el diferimiento
El decreto impacta exclusivamente en los cargos considerados Autoridades Superiores y Personal Superior, una categoría que abarca a:
- gobernador y vicegobernador,
- ministros, secretarios y subsecretarios,
- jefes de la Policía de Misiones,
- directores del Servicio Penitenciario,
- presidentes, vicepresidentes y directores de entes descentralizados y autárquicos,
- máximas autoridades del Tribunal de Cuentas, Contaduría y Tesorería General,
- presidente y vocales del Consejo General de Educación.
El Gobierno aclaró que la prioridad es proteger el cronograma salarial inmediato, incluidos el aguinaldo y los haberes de los trabajadores de planta, contratados y sectores esenciales. De este modo, Passalacqua intenta evitar cualquier impacto social en un diciembre especialmente sensible para las administraciones provinciales.
La señal política y el mensaje a la Nación
La reprogramación del SAC se lee también como una señal hacia afuera. Con provincias discutiendo la desaceleración de giros nacionales y la caída en términos reales de fondos coparticipables, Misiones busca mostrarse como una jurisdicción que ordena sus propias cuentas antes de reclamar asistencia.
En la Casa de Gobierno provincial sostienen que la medida es transitoria y que no implica modificar el resto del esquema salarial. Sin embargo, reconocen que la decisión de aplicar el ajuste en los niveles jerárquicos más altos también tiene una lectura simbólica: asumir el costo político en la cúpula para evitar trasladarlo al conjunto de los estatales.
En paralelo, la dirigencia local insiste en que el objetivo es sostener la estabilidad financiera durante el inicio de 2026, un año que aparece condicionado por variables macroeconómicas nacionales y por un clima social más exigente.
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