La publicación del decreto 461/2025 en el Boletín Oficial, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, generó una ola de incertidumbre entre los empleados del organismo en todo el país. En Chaco, la preocupación es particular: 151 trabajadores del distrito local podrían perder sus puestos, según advierten desde el gremio.
La noticia fue confirmada por Carlos Londra, histórico referente de Vialidad Nacional en Chaco y miembro de la Asociación de Profesionales del organismo. “Nos pasan al Ministerio de Economía, pero no está claro quiénes quedarán en las nuevas estructuras. El riesgo de despidos es real”, señaló. El decreto también incluye la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, en el marco de lo que el Gobierno nacional denomina una "reforma estructural para combatir la corrupción en la obra pública".
A nivel nacional, el plan contempla un recorte del 30% del personal, lo que representaría alrededor de 1.500 despidos. En Chaco, aún no se definió si la reducción se aplicará de manera proporcional o si habrá otros criterios. “La angustia es generalizada porque no hay certezas. Nos enteramos por el Boletín Oficial, no hubo diálogo previo”, expresó Londra en declaraciones radiales.
Los trabajadores del distrito chaqueño se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. “Estamos evaluando presentar cautelares y sumar acciones gremiales con otras organizaciones. Hay compañeros que siguen trabajando en rutas del interior, pero todos fueron notificados”, detalló el vocero gremial a Radio Libertad.
El recorte genera especial preocupación por el posible impacto en la obra pública y el mantenimiento de rutas en zonas clave del interior del país. La transferencia de funciones al Ministerio de Economía aún no fue reglamentada, y se especula con una mayor tercerización de servicios, incluso en áreas técnicas y estratégicas.
Desde los gremios advierten que la disolución de Vialidad Nacional, un organismo con más de 90 años de trayectoria, representa un retroceso en materia de planificación, ejecución y control de obras. “No se puede hablar de eficiencia destruyendo instituciones técnicas. Esto va más allá de la política: es un ataque a la infraestructura del país”, enfatizó Londra.
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