En medio de la investigación judicial por el millonario conflicto financiero entre la Bolsa de Comercio del Chaco y la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el gerente general de la entidad, Julio Barrios Cima, compareció ante la Fiscalía Federal de Resistencia y pidió continuar en libertad durante el proceso.
La presentación fue dirigida al fiscal federal Patricio Sabadini, ante quien el directivo manifestó su voluntad de “estar a derecho”, designó como abogado defensor a Adrián Maximiliano Gaitán y solicitó que no se adopten medidas restrictivas en su contra.
En el escrito, Barrios Cima sostuvo: “Me presento ante esta fiscalía a los fines de estar a derecho, designando abogado defensor (…) solicitando se mantenga mi libertad en el proceso, toda vez que soy una persona conocida, tengo domicilio fijo, carezco de antecedentes penales, con lo cual es mi intención poder demostrar mi inocencia”.
El gerente aseguró además que no tiene “nada que ocultar” y afirmó que su actuación al frente de la entidad bursátil fue “legal y honesta, con total diligencia e idoneidad”.
Caso Loan: tras el fuerte cruce, el Tribunal dio marcha atrás y adelantará el inicio del juicio
Embargo por $1.890 millones y depósito judicial
La comparecencia se produjo en paralelo al cumplimiento de una medida cautelar que ordenó el embargo por $1.890.691.105,07, dispuesta por el juez correccional Carlos de Césare en el marco de una acción de amparo promovida por el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini.
Según informó la propia Bolsa, el dinero fue depositado a disposición de la Justicia incluso antes de recibir formalmente el oficio judicial. La institución cuestionó la resolución y la calificó como “infundada, arbitraria e injusta”, además de anticipar que recurrirá la medida por las vías procesales correspondientes.
De acuerdo con el comunicado oficial, los fondos transferidos provienen del patrimonio institucional de la entidad y no de las tenencias de terceros inversores.
Embargan a la Bolsa del Chaco por $1.890 millones por la pérdida de fondos públicos en Sáenz Peña
Doble frente judicial: civil y penal
El expediente avanza por dos carriles. Por un lado, la vía civil que derivó en el embargo preventivo; por otro, una investigación penal iniciada tras la denuncia presentada por el abogado Víctor Ruiz Díaz, quien representa a un grupo de inversores que se consideran afectados.
Desde el Municipio sostienen que las colocaciones financieras realizadas con fondos públicos no respetaron el perfil de bajo riesgo autorizado y que existirían indicios preliminares de maniobras irregulares. En contraste, la defensa de la Bolsa afirma que el monto reclamado por la comuna sería superior al que la entidad reconoce como obligación, que ubica en torno a los $505 millones, y considera desproporcionada la cautelar.
En este contexto, la presentación espontánea de Barrios Cima ante la Fiscalía busca despejar sospechas personales y anticiparse a eventuales pedidos de coerción procesal. El directivo dejó asentado que cuenta con domicilio fijo, carece de antecedentes y manifestó su voluntad de someterse a la investigación.
Pichetto tras reunirse con Cristina Kirchner: "El peronismo tiene que perdonarse"
Schneider apuntó contra Capitanich y recordó a Emerenciano Sena en el debate penal juvenil
Misiones: Ecología intensificó operativos de control forestal en distintos municipios
