El gobierno de Leandro Zdero formalizó el envío a la Cámara de Diputados del Chaco de un proyecto de ley que busca modificar el sistema de licencias gremiales en la administración pública, con el objetivo de que los dirigentes sindicales que desempeñen funciones representativas no perciban salarios del Estado durante ese período.
La propuesta, que el mandatario ya había anticipado durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, apunta a reformar el artículo 48 de la Ley 645-A y el inciso d del artículo 318 de la Ley 647-E, normas que actualmente contemplan licencias gremiales con goce de haberes para trabajadores estatales y docentes que asumen responsabilidades dentro de organizaciones sindicales.
El argumento del Ejecutivo: autonomía sindical y ahorro del gasto público
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que no corresponde que la administración pública financie los salarios de dirigentes sindicales mientras realizan tareas gremiales.Según el texto enviado a la Legislatura, ese esquema no se ajusta a los principios constitucionales ni al marco normativo vigente, que promueve la autonomía de las organizaciones sindicales.
El documento también menciona la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales N° 23.551, que establece que las entidades gremiales deben sostenerse con sus propios recursos y prohíbe que los empleadores financien directamente a los sindicatos.
Desde esa interpretación, el Gobierno considera que el pago de salarios por parte del Estado podría ser entendido como una forma de financiamiento indirecto, por lo que plantea que deben ser las propias organizaciones sindicales las que afronten la remuneración de sus dirigentes durante el tiempo que dure la licencia gremial.
Cómo funcionaría el nuevo esquema de licencias
El proyecto no elimina las licencias gremiales, pero sí propone que se otorguen sin goce de haberes. El régimen establece un cupo de cargos con licencia según la cantidad de afiliados de cada organización sindical.
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En el caso de la administración pública provincial, se prevé un máximo de cinco dirigentes con licencia por gremio, con la posibilidad de sumar un representante adicional por cada mil afiliados, o fracción mayor a quinientos, acreditados en el padrón certificado.
Para el sector docente, el esquema se organizaría mediante un sistema escalonado según la cantidad de afiliados, con un límite también de cinco licencias gremiales por entidad sindical. En todos los casos, el período de licencia será computado para la antigüedad y los derechos previsionales, aunque sin percepción de salario por parte del Estado.
Qué ocurrirá con las licencias gremiales vigentes
La iniciativa incluye una cláusula transitoria que busca evitar conflictos con las situaciones ya existentes. De acuerdo con el proyecto, los dirigentes sindicales que actualmente cuentan con licencia gremial con goce de haberes mantendrán ese beneficio hasta el final de sus mandatos.
Sin embargo, si las organizaciones sindicales renuevan o prorrogan autoridades, las nuevas licencias que se otorguen ya no incluirán el pago salarial por parte del Estado.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma permitirá reducir el gasto público y ordenar el sistema de relaciones laborales dentro del Estado, aunque el tema ya comenzó a generar críticas de sectores sindicales que consideran que la medida podría afectar la actividad gremial.
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