El oficialismo provincial avanza con una serie de audiencias públicas para promover la Ley N° 3000/22, que busca sancionar a quienes obstruyan el contacto entre niños o personas con capacidad restringida y sus vínculos familiares directos. Este sábado se realizó un nuevo encuentro en la ciudad de Fontana, donde decenas de ciudadanos compartieron testimonios personales sobre situaciones de desvinculación forzada.
El evento tuvo lugar en el espacio verde conocido como "La Chimenea", bajo el formato de una mateada vecinal, que permitió generar un espacio de escucha colectiva y participación ciudadana. Los relatos, expresados en su mayoría de forma anónima, reflejaron el impacto emocional que produce el incumplimiento de los regímenes de comunicación dispuestos por la Justicia.
Qué dice el proyecto
El proyecto contempla además la creación de un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares, en el que podrían ser incorporadas personas que, con orden judicial vigente, impidan de manera sistemática el contacto entre un menor y su familia. La iniciativa incluye sanciones como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, acceder a créditos estatales o presentarse como candidato en elecciones provinciales.
Desde el oficialismo destacan que se trata de una medida persuasiva y preventiva, impulsada con el respaldo de organizaciones como Infancia Compartida, que promueven el derecho de los niños a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores. Además, se prevé que el Tribunal Electoral y el Consejo de la Magistratura exijan certificados que acrediten no estar incluidos en el registro.
El proyecto, originalmente presentado en 2022 y rechazado en 2023, recuperó estado parlamentario este año tras una fuerte presión social derivada de casos resonantes como los de la niña Cielo y Enzo Pittau, que pusieron en agenda las consecuencias de la obstrucción del vínculo familiar.
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