Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la Argentina ya no genera empleo asalariado en relación de dependencia, y el 100% del aumento reciente del nivel de ocupación se explica por el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Para el centro de estudios, este fenómeno es consecuencia directa del deterioro productivo, la desactualización de la legislación laboral y la aplicación arbitraria de las normas por parte de la Justicia del Trabajo.
El análisis plantea que las decisiones de contratación de las empresas dependen de dos factores centrales: el crecimiento de la economía —que impulsa la demanda de bienes y servicios— y el marco normativo laboral, incluyendo el modo en que los jueces lo interpretan y aplican. En la Argentina, ambos factores juegan hoy en contra de la generación de empleo formal.
Producción estancada y empleo que no despega
De acuerdo con Idesa, la producción se encuentra virtualmente estancada desde 2011, mientras que las instituciones laborales desalientan la incorporación de trabajadores registrados. Esta combinación explica por qué las empresas privadas no generan empleo asalariado y, por el contrario, reducen sus planteles.
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Los datos oficiales del INDEC, al comparar el tercer trimestre de 2025 con el mismo período de 2023 —previo al inicio del gobierno de Javier Milei—, refuerzan ese diagnóstico. En ese lapso, el PBI creció 1,3%, mientras que el empleo urbano aumentó 2,3%, aunque con una composición preocupante.
El detalle muestra que el empleo no asalariado creció cerca del 14%, mientras que el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un 3%. A su vez, el resto de las ocupaciones —empleo público y asalariado no registrado— se redujo un 1%.
Para Idesa, estos números evidencian que las empresas privadas destruyeron puestos de trabajo, y que toda la expansión del empleo respondió al autoempleo, es decir, a personas que trabajan sin empleador.
Informalidad, reforma laboral y Justicia
Información complementaria de la Secretaría de Trabajo indica que el 80% de los cuentapropistas son informales, es decir, no están inscriptos en el Monotributo. Según el informe, esto sugiere que el aumento del trabajo independiente no responde a una vocación emprendedora, sino a la necesidad de generar ingresos de subsistencia.
En este contexto, el Gobierno apuesta a que el orden macroeconómico y las reformas estructurales permitan romper el largo ciclo de estancamiento productivo. Para potenciar el impacto sobre la creación de empleo de calidad, la herramienta central es la reforma laboral (su discusión pasó para febrero), que introduce múltiples cambios en las normas que regulan las relaciones de trabajo.
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No obstante, Idesa advierte que el desafío no se limita a sancionar una nueva ley. El punto crítico será su aplicación por parte de las justicias laborales provinciales. El informe cita como ejemplo el sistema de riesgos del trabajo: una ley nacional sancionada en 2017 dispuso la creación del Cuerpo Médico Forense, pero casi una década después ninguna provincia la implementó plenamente, lo que mantiene niveles de litigiosidad considerados insostenibles.
Una situación similar se observa en la diversidad de criterios que utilizan los tribunales provinciales para actualizar créditos laborales, lo que genera incertidumbre jurídica y desalienta la contratación formal.
Para el think tank, aun si la economía logra retomar una senda de crecimiento, sin una reforma laboral efectiva y sin un cambio en la conducta de la Justicia, el impacto sobre el empleo registrado será limitado. En ese sentido, subraya que ni la autonomía provincial ni la independencia judicial pueden justificar que los criterios personales de los jueces prevalezcan sobre las leyes aprobadas por el Congreso.