La causa judicial contra Lidia Mabel Ojeda sumó en las últimas horas una acusación de extrema gravedad: la Fiscalía de Sáenz Peña confirmó que la mujer será imputada por homicidio con dolo eventual, además de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos.
La investigación apunta a determinar si su presunto accionar dentro de hospitales públicos del Chaco pudo haber tenido relación con al menos tres fallecimientos que actualmente están bajo análisis judicial.
Ojeda, de 43 años, comenzó a declarar este martes ante la Fiscalía de Investigación Penal N°3 luego de haber sido trasladada desde la provincia de Buenos Aires, donde fue detenida tras permanecer prófuga durante varios días.
Sospechan que intervino en muertes y casos médicos graves
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la acusación inicial ya incluye tres hechos concretos, aunque la investigación podría ampliarse en las próximas horas a partir de nuevas denuncias y presentaciones judiciales.
Entre los episodios que ahora analiza la Justicia también aparece la amputación de una pierna y otros cuadros médicos de gravedad en los que la mujer habría tenido participación mientras se desempeñaba dentro del sistema sanitario provincial.
Según la hipótesis investigativa, Ojeda habría trabajado en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza utilizando presuntamente una matrícula ajena y sin contar con título habilitante para ejercer la medicina. Uno de los aspectos que más alarma generó en la causa es que la acusada habría firmado incluso actas de defunción y atendido pacientes dentro de guardias médicas oficiales.
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La denuncia que destapó el caso
La investigación comenzó tras una presentación realizada por Orlando Di Núbila, quien detectó irregularidades en el desempeño de la mujer dentro del sistema de salud pública. A partir de esa denuncia, la Justicia y la Policía del Chaco avanzaron con allanamientos en Sáenz Peña donde secuestraron documentación médica, insumos sanitarios, uniformes y restos de papeles quemados con sellos oficiales de Salud Pública.
Para los investigadores, esos elementos podrían evidenciar un presunto intento de destrucción de pruebas. Además, durante el procedimiento realizado en Buenos Aires se secuestró un teléfono celular que ahora será sometido a peritajes para intentar reconstruir contactos, documentación y posibles intervenciones médicas realizadas por la acusada.
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Crecen las dudas sobre los controles sanitarios
El caso también abrió fuertes interrogantes sobre los mecanismos de control dentro del sistema sanitario chaqueño y cómo una persona sin matrícula habilitante habría logrado desempeñarse en hospitales públicos.
Mientras avanza la investigación judicial, Ojeda permanece detenida en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, a disposición de la Justicia provincial. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o denuncias vinculadas al presunto ejercicio ilegal de la medicina.
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