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Preocupación en aumento por la disolución de Vialidad Nacional: alertan por inseguridad vial y sobrecarga provincial

Funcionarios chaqueños advierten que el cierre de Vialidad Nacional afectará la seguridad vial, agravará el deterioro de las rutas y trasladará costos al bolsillo del ciudadano.

Estados de las rutas en debate
Estados de las rutas en debate | Archivo

La reciente decisión del Gobierno nacional de disolver Vialidad Nacional y trasladar sus funciones al Ministerio de Economía, en el marco del decreto 461/2025, provocó un fuerte revuelo en sectores técnicos y sociales del Chaco, una provincia donde la infraestructura vial nacional ya muestra un deterioro alarmante.

“Modificar estructuras del Estado lleva tiempo, pero las rutas no pueden esperar”, advirtió el administrador general de Vialidad Provincial, Omar Canela, quien subrayó que la falta de mantenimiento lleva más de cuatro años. “Estamos ante una responsabilidad concreta. No se trata solo de estructuras, sino de vidas humanas y conexión productiva”, afirmó a Diario Norte.

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El funcionario también advirtió que la eliminación de la autonomía de Vialidad Nacional pone en riesgo no solo el financiamiento de obras, sino también la operatividad técnica: “Si se pierden recursos y equipos capacitados, lo que se gana en ajuste se pierde en seguridad y desarrollo”.

Por su parte, el exjefe de Vialidad Provincial, Hugo Varela, trazó un diagnóstico más severo. “Esto no es nuevo: es una receta liberal ya aplicada. Se degrada a Vialidad a una subsecretaría sin poder, sin recursos, y se abre la puerta a privatizaciones que priorizan rutas rentables y abandonan el resto”, declaró.

Rutas en estado delicado

Varela alertó que, sin recursos suficientes, las provincias deberán absorber responsabilidades que hoy no pueden sostener: “El Chaco tiene más de mil kilómetros de rutas provinciales en estado delicado. Sumarle 750 kilómetros de red nacional sin financiamiento sería insostenible”. Además, advirtió que la consecuencia directa será el desvío del tránsito pesado hacia caminos provinciales, lo que acelerará el desgaste de la infraestructura y elevará los costos logísticos. “Reventar cubiertas en rutas rotas significa más gasto para los transportistas y, por ende, más caro para el consumidor”, resumió.

También criticó la instalación de nuevos peajes sin contraprestación, como el proyectado en Quitilipi, que según explicó no contempla obras como autovías, sino que “solo engrosan las ganancias del concesionario”.