La Justicia Federal dispuso 100 días de prisión preventiva para los siete policías del Chaco imputados por intentar sustraer nueve kilos de cocaína durante un operativo judicial de incineración de estupefacientes realizado en Colonia Benítez. La resolución fue dictada por la jueza Zunilda Niremperger, quien consideró acreditados los riesgos procesales y la gravedad institucional del hecho, aunque fijó un plazo inferior al requerido por la fiscalía.
La decisión llegó tras una audiencia extendida en la que cinco imputados prestaron declaración y dos optaron por el silencio. En ese marco, la magistrada también habilitó medidas probatorias centrales: pericias sobre teléfonos y dispositivos secuestrados y el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero, herramientas que el fiscal Patricio Sabadini considera determinantes para reconstruir la presunta maniobra y detectar eventuales conexiones y beneficiarios.
Fuentes judiciales confirmaron que varias defensas ya impugnaron la preventiva, por lo que la medida será revisada por una instancia superior. Los planteos cuestionan la extensión del encierro y la ponderación de los riesgos, aunque la jueza sostuvo que el contexto delictivo, en pleno acto judicial, eleva el estándar de cautela.
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Acusaciones y situación procesal
La causa alcanza a oficiales y suboficiales vinculados al área de Consumos Problemáticos de la fuerza provincial. La imputación incluye tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la condición de funcionarios públicos, intervención de tres o más personas y peculado. Los siete permanecen alojados en dependencias federales, principalmente en Prefectura Naval Argentina (Barranqueras).
Entre los imputados figuran Néstor Ariel Urne Canteros, Lucas Exequiel Martínez, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta y Rubén Héctor César Alegre, además de otros dos efectivos alcanzados por la cautelar. La asistencia letrada se reparte entre Gabriela Tomljenovic y Olga Mongelós, y Ricardo Osuna y Juan Varas, según cada caso.
La presunta maniobra
El episodio se produjo durante una quema oficial en la que se destruyeron más de tres toneladas de marihuana y alrededor de 80 kilos de cocaína, uno de los procedimientos más relevantes del año en la provincia. Las anomalías surgieron tras el pesaje y en controles posteriores de la cadena de custodia, lo que activó la intervención inmediata de fuerzas federales y derivó en las detenciones.
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Uno de los elementos más sensibles incorporados al expediente es el hallazgo de un “ladrillo de yeso” dentro de una mochila, presuntamente destinado a reemplazar el paquete de cocaína que debía ser incinerado.
Impacto institucional
En paralelo al proceso penal, el Ministerio de Seguridad del Chaco dispuso la suspensión preventiva de los siete agentes, con retención de haberes, y ordenó sumarios administrativos. Desde la conducción policial calificaron el hecho como “de extrema gravedad”.
La investigación avanza bajo el nuevo sistema acusatorio federal, vigente en la región, con el Ministerio Público Fiscal a cargo de la conducción. Con las pericias digitales y el levantamiento de secretos en curso, la Justicia busca delimitar responsabilidades individuales y determinar si el intento de desvío fue un hecho aislado o parte de un esquema más amplio.
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