La condena contra Ramón 'Tito' López y parte de su familia por lavado de activos agravado no cerró el frente judicial alrededor del histórico dirigente social chaqueño. En paralelo al juicio que terminó con penas de hasta 10 años de prisión, la Justicia Federal continúa investigando otra causa que pone bajo sospecha el manejo de tierras fiscales, fundaciones y fondos públicos provinciales.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N°2 de Resistencia, a cargo de Ricardo Mianovich, y apunta a una presunta estructura de fraude vinculada a la adjudicación irregular de aproximadamente 3.000 hectáreas de tierras fiscales y a operaciones económicas realizadas a través de fundaciones ligadas al entorno de López.
Durante una entrevista con Radio Libertad, el fiscal federal Federico Carniel confirmó que la investigación continuará ahora sobre los llamados “ilícitos precedentes”, es decir, sobre el presunto origen del dinero que luego habría sido blanqueado mediante compra de bienes, inversiones rurales y estructuras privadas. “Esto tiene una segunda etapa”, sostuvo el fiscal.
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La sospecha sobre las tierras fiscales
Uno de los ejes principales de la causa está relacionado con la adjudicación y posterior utilización de campos entregados por el Estado provincial.
Según explicó Carniel, la normativa chaqueña establece que las tierras fiscales otorgadas para proyectos productivos no pueden venderse, alquilarse ni transferirse durante un período de diez años.
Sin embargo, la investigación sostiene que parte de esos campos habría terminado bajo control privado mediante contratos considerados irregulares por la fiscalía.
“Reciben 3.000 hectáreas y al otro día aparece un contrato de leasing”, afirmó el fiscal al describir algunas de las operaciones detectadas.
La hipótesis judicial sostiene que esos mecanismos habrían permitido explotar indirectamente tierras fiscales pese a las restricciones legales vigentes.
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Exfuncionarios procesados y sospechas de connivencia
La causa también alcanzó a exautoridades provinciales que, según la investigación, habrían participado en adjudicaciones irregulares o incumplido controles sobre el patrimonio estatal.
Entre los procesados aparecen la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Marta Elena Soneira, el exfiscal del Tribunal de Cuentas Raúl John Paris, además de Walter Hugo Ferreyra y Cinthia Noemí Kaplan.
Todos fueron procesados por presunto fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Nos damos cuenta de que hubo connivencia entre los Sena y funcionarios provinciales para hacerse de esas tierras”, aseguró Carniel.
Según la investigación, varios de los procedimientos administrativos cuestionados terminaron siendo anulados posteriormente por la propia Provincia.
El rol de empresarios privados
La investigación federal también alcanzó a los empresarios Walter y Diego Brua, señalados como presuntos beneficiarios de operaciones vinculadas a las tierras fiscales.
La Justicia sospecha que parte de los campos habría sido transferida mediante contratos de leasing inmobiliario y fideicomisos realizados por debajo de los valores de mercado.
Para los investigadores, esas maniobras habrían permitido obtener beneficios económicos privados sobre bienes originalmente entregados por el Estado para proyectos productivos.
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Las fundaciones bajo investigación
Otro de los puntos sensibles del expediente es el funcionamiento de las fundaciones vinculadas al entorno de Tito López.
La Justicia puso la lupa sobre las organizaciones “Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”, encabezadas por integrantes de la familia del dirigente social.
Según la investigación, esas entidades habrían facturado millones de pesos al Estado provincial —principalmente al IAFEP— pese a no contar con estructura operativa acorde a los montos recibidos.
Uno de los casos bajo análisis es el de la Fundación “Dueños de la Raza”, que en 2023 habría facturado más de 71 millones de pesos.
La sospecha judicial es que esas estructuras funcionaban como mecanismos para canalizar recursos públicos y luego transformarlos en patrimonio privado.
La conexión con la condena por lavado
La investigación quedó directamente vinculada al juicio oral que terminó esta semana con la condena de López y parte de su familia.
Durante el debate, la fiscalía sostuvo que el dinero utilizado para adquirir vehículos, ganado, campos e infraestructura rural provenía justamente de maniobras relacionadas con fondos públicos y tierras fiscales.
“Tuvimos que introducirnos en el ilícito precedente porque teníamos que probar de dónde venía el dinero”, explicó Carniel.
Además de los procesamientos ya dictados, la Justicia Federal ordenó embargos preventivos de 100 millones de pesos para cada uno de los imputados.
La investigación continúa abierta y ahora busca profundizar sobre el grado de participación de cada integrante de la estructura y el eventual desvío de recursos estatales.
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