Transporte público en crisis: ERSA anunció que se irá de Resistencia y el Gobierno amenaza con sanciones

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana del Gran Resistencia sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la empresa ERSA Urbano S.A. comunicara su decisión de abandonar el sistema a partir del 30 de abril, una medida que genera preocupación por la continuidad del servicio y el futuro laboral de más de 230 trabajadores.

La decisión fue confirmada por el secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, quien señaló que la compañía ya notificó formalmente a las autoridades provinciales y al área de Transporte sobre su intención de dejar de operar en la capital chaqueña. “Ellos comunicaron que estarán hasta el 30 de abril y después dejan de operar en Resistencia. Esto genera una incertidumbre total”, expresó el dirigente gremial.

Más de 230 trabajadores en riesgo

El eventual retiro de la empresa impactaría directamente sobre choferes y personal vinculado al servicio, además de afectar el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM).

Desde el sindicato advirtieron que el problema no solo afecta a los trabajadores, sino también a miles de usuarios que dependen del sistema para movilizarse diariamente.

“Tenemos que pensar en el trabajador, pero también en la gente que se va a quedar sin estos servicios”, remarcó Abraham.

Actualmente, ERSA opera varias de las líneas más utilizadas del sistema urbano, entre ellas las 101, 107, 2, 9, 106, 204 y 205, que conectan distintos barrios de Resistencia con localidades del área metropolitana como Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.

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Además, la empresa también presta el servicio de la línea interprovincial 904, que une Resistencia con Corrientes a través del puente General Belgrano, aunque ese recorrido depende de jurisdicción nacional y no forma parte del sistema urbano provincial.

La empresa habla de falta de rentabilidad

El argumento central planteado por la empresa es la falta de rentabilidad del sistema, una situación que, según el gremio, también es señalada por otras compañías del transporte urbano en distintas ciudades del interior del país. “No es solo ERSA: todas las empresas dicen que la actividad no es rentable”, señaló Abraham.

Ante este escenario, desde la UTA reclamaron una intervención urgente del Gobierno provincial para convocar a empresarios y gremios con el objetivo de encontrar una salida que permita preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad del servicio.

La Provincia rechaza el argumento y advierte sanciones

Frente a la decisión de la empresa, el Gobierno del Chaco respondió de manera formal y rechazó de forma “expresa, categórica y fundada” la intención de ERSA de abandonar el servicio.

En una nota firmada por el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la Provincia sostuvo que no existe una ruptura de la ecuación económica del contrato que justifique la salida unilateral de la concesionaria.

Según el documento oficial, el Estado provincial mantuvo durante los últimos meses una política sostenida de asistencia financiera al sistema de transporte, especialmente luego de la reducción de subsidios nacionales.

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Más de $463 millones transferidos

Entre los datos detallados en la respuesta oficial, la Provincia indicó que entre julio de 2025 y marzo de 2026 transfirió a la empresa más de $463 millones en concepto de asistencia financiera para sostener el servicio.

A esos aportes se suman otros fondos canalizados a través del programa “Chaco Subsidia”, que incluyeron:

• $500 millones en julio de 2025

• $400 millones en noviembre de 2025

• $400 millones adicionales en febrero de 2026

Desde el Gobierno señalaron que estos recursos evidencian “el esfuerzo financiero sostenido del Estado provincial para sostener el transporte público”.

Otro punto destacado por el Ejecutivo es que las unidades del sistema fueron adquiridas mediante créditos del Nuevo Banco del Chaco, con aval de Fiduciaria del Norte, y que las cuotas de esos préstamos también son pagadas con fondos provinciales a través del esquema de subsidios.

De acuerdo con la explicación oficial, esto significa que uno de los principales costos estructurales del sistema —la flota— está cubierto por el Estado, lo que reduce considerablemente el riesgo financiero de la concesionaria.

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Advertencia por acciones legales

El Gobierno provincial también recordó que toda concesión pública implica el principio de riesgo empresario, por lo que eventuales problemas de gestión o planificación financiera no pueden trasladarse al Estado. Además, advirtió que la empresa no puede retirar ni trasladar las unidades del sistema sin autorización, ya que están afectadas a contratos de financiamiento y garantías.

Incluso se señaló que una eventual disposición indebida de esos bienes podría encuadrar en el delito de “desbaratamiento de derechos acordados”, previsto en el artículo 173 inciso 11 del Código Penal.

En ese contexto, la Provincia anticipó que podría aplicar penalidades contractuales, ejecutar garantías, reclamar daños y perjuicios e incluso iniciar acciones judiciales para garantizar la continuidad del servicio. “La Provincia del Chaco no tolerará decisiones unilaterales que comprometan un servicio público esencial”, sostiene el documento oficial.

Mientras se desarrolla el conflicto, el Ejecutivo provincial informó que ya analiza alternativas para evitar la interrupción del transporte en el Gran Resistencia. Entre las opciones se encuentran contactos con otras empresas prestadoras que puedan asumir los recorridos actualmente operados por ERSA, un mecanismo que ya fue utilizado en otras provincias cuando concesionarias abandonaron el servicio.