Un diputado acusó al gobierno de Chaco de impulsar aumentos para jueces a cambio de protección judicial

El debate por el proyecto de intangibilidad salarial judicial derivó en un fuerte cruce en la Legislatura del Chaco. Santiago Pérez Pons sostuvo que la iniciativa del gobierno de Leandro Zdero podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas. Para fundamentar esa interpretación política, mencionó el archivo de la causa por las inversiones municipales de Sáenz Peña y una contratación para modernizar la Administración Tributaria Provincial.

“Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?”, expresó el diputado al referirse a la decisión fiscal que benefició al intendente Bruno Cipolini. Los oficialistas Zulema Wannesson y Edgardo Reguera rechazaron sus planteos y lo acusaron de tergiversar los antecedentes.

El exministro de Economía cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También sostuvo que la iniciativa produciría un “desenganche” de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.

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Pérez Pons se refirió a la investigación por fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña colocados en la Bolsa de Comercio del Chaco. Acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo. La Fiscalía había concluido que las operaciones no configuraban un delito ni habían provocado perjuicio patrimonial, un criterio que el legislador rechazó.

También relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. Afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: “Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger”.

Pérez Pons agregó otro cuestionamiento: sostuvo que el ministro de Economía conserva una licencia en un cargo del Poder Judicial y que podría beneficiarse de la futura reglamentación al regresar a esa función. Se trató de una advertencia del diputado sobre el posible alcance de la iniciativa, no de un beneficio ya otorgado.

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Wannesson: “La sentencia está para cumplir”

Zulema Wannesson respondió que Pérez Pons mezclaba asuntos y faltaba a la verdad sobre los antecedentes salariales. Sostuvo que la gestión anterior no había resuelto el conflicto y rechazó que la Ley 3424-A hubiera dado cumplimiento suficiente a las decisiones judiciales.

“La sentencia está para cumplir con aquellos que han sido actores”, afirmó. La legisladora defendió que las obligaciones derivadas de esos fallos alcanzan a quienes intervinieron en los procesos y señaló que eso no impide abordar después otros desfasajes. Además, propuso discutir el proyecto en comisión con magistrados, funcionarios y gremios, teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias de la provincia.

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Reguera defendió el archivo de la causa de Sáenz Peña

Edgardo Reguera concentró su respuesta en la defensa de Cipolini y del criterio fiscal sobre las inversiones municipales. Acusó a Pérez Pons de utilizar la denuncia como una campaña política y sostuvo que el archivo respondió a la falta de elementos para avanzar y a la inexistencia de daño al patrimonio público.

“Cuando el resultado no le es favorable, la Justicia no existe”, cuestionó. También puso en duda que Pérez Pons estuviera habilitado para apelar, al discutir su condición de querellante, y advirtió sobre posibles responsabilidades por denuncias falsas.