La investigación provincial por las inversiones de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio del Chaco fue archivada respecto del intendente Bruno Cipolini. Los fiscales Gustavo Valero y Andrea Bastos concluyeron que no había elementos suficientes para sostener una acusación penal y valoraron un acuerdo para recuperar los recursos reclamados por la comuna.
La denuncia había sido presentada en febrero por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, junto con Leonardo Arrudi, Fernando Tevez y Dina Pereyra. Cuestionaban la colocación de dinero público en instrumentos no garantizados, entre ellos cheques de pago diferido que no se cobraron al vencimiento. El legislador había señalado un posible perjuicio de al menos $1.800 millones, una estimación que la Fiscalía no convalidó en su resolución.
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Los argumentos para cerrar la investigación
Según la resolución a la que accedió Perfil, el Ministerio Público Fiscal entendió que Cipolini tenía facultades para invertir los recursos sin autorización previa del Concejo Deliberante. Para sostener ese criterio, consideró el testimonio de la presidenta del cuerpo, Nora Gauna, quien indicó que no existía una ordenanza que exigiera ese permiso.
Los fiscales también ponderaron la documentación contable y la intervención del Tribunal de Cuentas del Chaco. Una funcionaria del organismo declaró que las inversiones de 2024 estaban registradas y respaldadas; además, un dictamen del 26 de agosto aprobó sin observaciones la rendición municipal de 2025. La Fiscalía utilizó esos elementos para fundamentar su conclusión de que no se había producido un perjuicio patrimonial.
Otro punto central fue el convenio entre el Municipio y la Bolsa de Comercio, firmado en abril y ratificado por el Concejo. El acuerdo fijó un esquema de devolución del capital con una actualización equivalente a la tasa de un plazo fijo del Banco Nación. Sin embargo, la resolución no incluye una liquidación final que acredite el cobro de la totalidad de los fondos y sus intereses.
El pedido de sobreseimiento y la apelación anunciada
La decisión distingue la situación del intendente de la del funcionario municipal Diego Landriscina, quien había sido imputado en mayo: mientras dispuso el archivo respecto de Cipolini, la Fiscalía resolvió promover el sobreseimiento de Landriscina ante el Juzgado de Garantías. Por lo tanto, ese sobreseimiento todavía requiere una decisión judicial.
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Pérez Pons confirmó que apelará el archivo para que se revisen los fundamentos fiscales. El diputado había cuestionado que un plan de devolución de dinero fuera suficiente para despejar las dudas sobre las operaciones y las responsabilidades de quienes intervinieron.
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