El próximo 7 de abril tendrán lugar las elecciones del estamento de los jueces y juezas para completar la actual integración del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En esa oportunidad seré candidata por la Lista Bordo, espacio en el que creo y he trabajado desde mi designación como secretaria de juzgado. Y es con vistas en tal desafío que deseo compartir algunos pensamientos arraigados, principalmente para que quienes se interesan por este tema puedan conocer de qué hablo cuando hablo del Consejo de la Magistratura.
Bastante sabida resulta la historia de esa institución, las experiencias de la Europa Continental que le han servido de soporte, aunque en extraña conjugación con un modelo de justicia nacional y federal propio de la matriz americana, y las discrepancias para determinar su conformación que registró el debate constituyente a partir del cual se lo incorporó a la sección tercera de nuestra Ley Fundamental. Desavenencias que arrojaron al ámbito del Congreso, con cargo de ley especial de mayoría agravada, la decisión final de su integración y fisonomía práctica.
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Dado por reeditado ese análisis, me pregunto si los inconvenientes de funcionamiento que presenta hoy el Consejo de la Magistratura sólo tienen que ver con el desbalanceo que exhibe su composición actual; problema especialmente atendido por el reciente fallo del Alto Tribunal que, en definitiva, dio lugar al proceso electoral que me convoca.
Creo que el Consejo de la Magistratura, más allá de la marcada necesidad de reorganizarse, o tal vez de organizarse de una forma llamada a trascender la coyuntura de una integración circunstancial, debe emprender una tarea impostergable: discernir cuál es su lugar dentro del poder judicial y cómo -desde tal sitio- habrá de relacionarse armoniosamente con el propio servicio de justicia.
Las dos funciones centrales del Consejo, sin que ello implique menospreciar las demás sino sólo advertir que a las que me referiré son las que ejerce de manera exclusiva y excluyente, parecen, a casi 25 años de su puesta en funciones, aún no modeladas.
Es mi intención, de lograr acceder al Cuerpo, dar el debate en punto al perfil de juez y jueza que se selecciona para cada función jurisdiccional específica. Igual ejercicio me propongo en aras de trazar límites claros a los cuales deba ceñirse el desempeño de la competencia disciplinaria sobre jueces y juezas.
Las leyes orgánicas que se han dado en el tiempo -en ningún caso exentas de objeciones y problemas prácticos- no han impuesto al Consejo de la Magistratura la obligación de preguntarse acerca de qué tipo de juez o jueza se busca para atender un juzgado de instrucción, un juzgado de familia, un juzgado penal federal, la cámara electoral o alguna de las casaciones, por nombrar asientos que se diferencian bastante en lo que requieren del magistrado/a que la gestione.
Tal vez llegó la hora de determinar qué estamos buscando para que la selección no se vea tan proclive a incursionar en las cálidas pero profundas aguas del amiguismo, las lealtades partidarias y la mediocridad endémica de la que nos quejamos prácticamente a cotidiano.
La Corte Suprema declaró inconstitucional el actual Consejo de la Magistratura
De igual modo, en materia disciplinaria debemos darnos una discusión sincera y clarificadora, en abstracto, desentendida de la arenilla de la praxis en donde como bien se sabe no suelen aflorar criterios perdurables. Se trata, entonces, de romper la lógica del ¿a quién queremos en juicio político? y reemplazarla por la del ¿qué queremos del juicio político?.
Es difícil confiar en que sólo una nueva ley pueda sacar al Consejo de la Magistratura de la ciénaga en la que, por largos periplos, pareció caer y recaer con perseverancia digna de mejor causa.
Esta es una buena oportunidad, de las que no abundan en los tiempos corrientes, para preguntarnos qué debe buscar el Consejo de la Magistratura. Se trata de tener bien en claro qué es lo que se quiere, cuál es el norte, y para quién se trabajará.
El avance que se ha dado en materia de perspectiva de género, palmario en la reglamentación electoral a la que me someteré, da esperanza de cara a la posibilidad de regular verdaderas políticas de estado para el funcionamiento del Consejo. Empero, esa tarea de consolidación institucional necesariamente deberá ser precedida de unas cuantas discusiones mal postergadas; hoy me referí a dos que considero medulares.
La indecisión y falta de debate de aquellos interrogantes centrales transforman al órgano en una estructura perezosa, ineficaz, ensimismada, cara y muy propicia a ofrecerse más como botín de guerra de las pujas partidarias que como órgano moderador y ejecutor de disciplina recta en el ámbito de la magistratura.
Cavilaciones de igual factura me genera el estado de indecisión que impera ante la intencional virazón hacia el traspaso de la justicia nacional que ha tomado impulso en los últimos años; cuestión que el Consejo también debe tomar a su cargo y rechazar de plano en tanto recortaría sus competencias constitucionales.
En suma, el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, y en términos generales el proceso de reorganización que se debe el órgano, genera una valiosísima oportunidad para hacer definitivamente del Consejo de la Magistratura una institución eficiente y receptora de confianza social.
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Seguramente, para llegar a ese anhelado fin, la política deba modificar algunas prácticas. Me refiero a la necesidad de creer en que el bienestar colectivo reporta mejores resultados que el sectorial, y que esa posición saludable deberá permear en las internas que se dan dentro de los diferentes estamentos que componen el Consejo de la Magistratura.
En esa convicción, tomando como regla de vida que el modelo de triunfos personales y fracasos colectivos resulta pernicioso, y que incluso más temprano que tarde muta a otro de fracasos totales, es que deseo asumir el desafío de representar a mis colegas magistrados y magistradas en el Consejo de la Magistratura.
No me desentiendo de la complejidad del momento histórico político que transitamos, pero la vocación genuina no repara en comodidades.
Por esa certeza, que es desde donde humildemente me defino, he resuelto colocarme nuevamente a disposición del servicio de justicia; esta vez desde un rol diferente al que vengo realizando como jueza y al que pretendo llevar las inquietudes y experiencias colectadas durante mi carrera profesional.
