Tal como había trascendido hace algunas semanas, la Corte Suprema de Justicia sacó este jueves una sentencia en la que anuló la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner en 2006 que había reducido de 20 a 13 los integrantes del organismo.
La jugada que fue apoyada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y por Ricardo Lorenzetti, que planteó una disidencia parcial, recrudece aún más la relación entre la cúpula del Poder Judicial y la Casa Rosada.
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Con la sentencia del Máximo Tribunal, el organismo que se encarga de la selección y juzgamiento de los jueces y fiscales vuelve a su conformación antigua de 20 integrantes. Además, la anulación de la modificación planteada por la actual vicepresidenta cuando era senadora implica que el presidente de la Corte esté a cargo del Consejo de la Magistratura.
Con la sentencia, los jueces de la Corte validaron el planteo de inconstitucionalidad impulsado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
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Se trata de un nuevo capítulo en el marco de la creciente tensión entre el cuarto piso del Palacio de Justicia y la Casa Rosada, después que el ministro Martín Soria fuera por primera vez a visitar a los cortesanos y les reproche en la cara las quejas por el funcionamiento de la Justicia en general y de la Corte en particular. A su vez, ayer mismo el presidente Alberto Fernández recordó el proyecto que presentó el Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura al considerar que "requiere una mejora".
Respecto de las líneas generales de la sentencia cortesana, además de ampliar la cantidad de integrantes sostiene que todas las decisiones que se tomaron con anterioridad a la sentencia conservan su validez, es decir que, por ejemplo, no se anulan elecciones de jueces y fiscales. A su vez, como argumento plantearon que el modelo actual del organismo ha sido ineficaz, entre otras cosas, porque la falta de acuerdos se tradujo en la imposibilidad de cubrir cargos importantes dentro del esquema judicial.
El plazo para ejecutar los cambios
La decisión que se discutía desde hace varias semanas en las reuniones entre los jueces se terminó de firmar hoy, algo que ya se preveía. En medio de la tensión con el Ejecutivo, insta al Consejo de la Magistratura para que readecúe su funcionamiento de acuerdo a lo que plantea la sentencia en un plazo máximo de 120 días. Según NA, en caso que se exceda ese tiempo sin aplicar los cambios, todas las decisiones serán consideradas nulas.
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De ese modo, el Máximo Tribunal pide que se designe a los siete representantes que hoy le faltan al organismo de acuerdo al criterio planteado en el fallo.
Entre los argumentos que tomaron los jueces para firmar la sentencia, consideraron que la reforma del 2006 "alteró el equilibrio" que había en la representación de los sectores que integran el Consejo. De todos modos, exhortaron al Congreso a que dicte una nueva ley con una nueva formación y funcionamiento, pero siempre bajo el respeto a ese equilibrio.
A propósito de ello, en el Poder Legislativo ya está el proyecto que presentó el Gobierno días atrás y con el que insistió Alberto Fernández ayer. La iniciativa propone elevar a 17 los miembros, con cuatro jueces del Poder Judicial, seis representantes del Poder Legislativo, cuatro abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo de la Nación y dos del ámbito académico y científico. Además de la diferencia en la cantidad de integrantes, entre el proyecto del Ejecutivo y el modelo de Consejo antiguo hay otra diferencia: para el oficialismo no debe formar parte del organismo el presidente de la Corte Suprema.
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Según los cortesanos quedó claro que las "deficiencias" que presenta la composición que rige en la actualidad "no son imputables a un sector en particular sino al mismo diseño de la ley, que justamente es lo que debe ser modificado porque contraría los criterios constitucionales según la interpretación de esta Corte".
De ese modo, la expectativa ahora está puesta en la reacción que pueda llegar a tener el Gobierno, que en las últimas semanas pareciera estar más confrontativo con el funcionamiento de la Justicia, un eje del cual se había hablado al comienzo de la gestión del Frente de Todos pero que con el paso del tiempo había quedado relegado del plano. Ahora el funcionamiento judicial volvió al escenario.
