"No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el gobierno pueda reanalizar nuestra situación". Las tomas de tierras no son un fenómeno reciente. Ocurren en el sub-mundo del mercado informal de tierras, del oportunismo de otros a costa de la desesperación de muchos. Surgen no sólo del atropello de especuladores sobre la propiedad privada de algunos, sino también del aprovechamiento de una autopercepción durmiente que varios ciudadanos tienen respecto de su derecho a una vivienda digna y un hábitat justo. "No quiero que me regalen. Si me das un plan de pago yo pago mi pedazo de tierra" sintetizaba uno de los vecinos de una de las tomas más grandes de nuestro país.
Hace unas semanas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició acciones paralelas de asistencia alimentaria y de relevamiento de los habitantes de la toma. De acuerdo a los datos comunicados el 25 del mes pasado, son 1.904 grupos familiares dentro de los que se encuentran 2.797 niños/as y 1.859 desocupados/as ¿Razones de por qué tomaron tierras? 85% por desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler; 10% por conflictos familiares, entre otras razones.
Las tomas de tierras no son un fenómeno reciente. Ocurren en el sub-mundo del mercado informal de tierras, del oportunismo de otros a costa de la desesperación de muchos
En conjunto con estas acciones iniciales, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia propuso un acta compromiso a las familias censadas. En sus cláusulas segunda, cuarta y quinta, el Ministerio se compromete a brindar una solución habitacional, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias, a quienes se comprometan a desalojar voluntariamente el predio en un plazo de común acuerdo y a utilizar la “solución habitacional” únicamente como vivienda familiar.
Este acuerdo es una muestra más de que el respeto por el acceso justo al hábitat y a la vivienda digna no depende de su amparo en leyes provinciales como la 14.449 o nacionales como la 27.453, la Constitución Nacional y tratados internacionales, sino del presupuesto y, por ende, de la voluntad política del momento. Al mismo tiempo, es paradójico, que sea el Estado el que condicione el acceso a un derecho básico y proponga que aquellas familias que no puedan cumplir con las condiciones establecidas se provean de esa "solución habitacional" por sus propios medios; algo que fue imposible en su momento y que decanta en el conflicto actual.
¿Esto implica que un derecho vulnerado puede avanzar sobre otro? No. De todos modos, esto no deslinda de responsabilidad al Estado provincial, ni tampoco elimina la necesidad de un plazo claro y propuesta acorde de solución habitacional concreta tanto para las 1.500 familias firmantes, como para las casi 400 restantes por fuera de las acciones ya concretadas. Estamos ante la oportunidad de plasmar una voluntad política clara respecto de una temática transversal en la vida de todo ciudadano y que ésta venga acompañada de estrategias operativas a mediano y largo plazo, algunas que – incluso – ya han sido acercadas al gobierno provincial. De lo contrario, estaremos ante el peligro de que este tiempo haya sido una pose más.
El respeto por el acceso justo al hábitat y a la vivienda digna no depende de su amparo en leyes provinciales o nacionales sino del presupuesto y, por ende, de la voluntad política del momento
A fines de septiembre, el Gobernador Kicillof anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que brindaría soluciones a 61.764 viviendas entre nuevas construcciones y mejoras de ya existentes en 4 años. De acuerdo al Renabap, en la Provincia de Buenos Aires hay 1.726 barrios populares y una necesidad estimada de de 446.790 viviendas: el plan sólo abarcaría al 14%. Pero ¿es esto es así? De los objetivos planteados, sólo uno menciona a los barrios populares explícitamente.
De todas formas, hay algo que sí es claro: una vivienda no es tal sin el desarrollo participativo de quiénes habitarán el espacio, al igual que un proyecto de urbanización tiene sentido si contemplamos la mirada integral de sus pobladores, sus desafíos y oportunidades. Demandemos políticas reales; y - como ciudadanos - auditemos verdaderamente el acceso a la tierra, techo y trabajo.
*Abogada. Consultora en procesos de integración socio-urbana. Colaboradora de la Fundación Tejido Urbano. Ex Directora Provincial de Integración Barrial en PBA.
