La justicia argentina vive un punto de inflexión. Décadas de decisiones cuestionadas, demoras interminables y comportamientos poco transparentes han erosionado la confianza institucional. El Código de Ética Judicial, actualmente en debate en el Consejo de la Magistratura, representa una oportunidad crítica para reconectar a los jueces con su responsabilidad y con la sociedad a la que deben servir.
¿Por qué ahora? El recientemente publicado Indice de Confianza en la Justicia realizado en conjunto por FORES y la Universidad Di Tella (junio 2025) reveló que el 90% de los argentinos considera que la justicia es poco o nada independiente y el 86% que es poco o nada honrada y honesta. Este diagnóstico no admite excusas: sin credibilidad, el sistema judicial se convierte en un instrumento de desconfianza antes que de reparación. En este escenario, el proyecto de Código no es una ocurrencia: es una respuesta urgente a una crisis real.
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A diferencia de códigos pasivos o guías voluntarias, este proyecto contempla 46 artículos de cumplimiento obligatorio, que abarcan desde principios amplios hasta conductas específicas: regulación estricta de conflictos de interés y recusaciones obligatorias; formación ética continua y normas claras sobre conducta en medios y redes sociales; límites a las interacciones con el poder político y mediático y creación de un Comité Asesor de Ética Judicial, con abogados, académicos y jueces para interpretar normas, recibir denuncias y orientar procedimientos. Este enfoque no es retórico: pone límites al ejercicio excesivo de poder y plantea consecuencias concretas para las conductas impropias.
La aprobación del Código depende del Consejo de la Magistratura Nacional, el órgano responsable de seleccionar y sancionar jueces. Si bien su composición mixta (legisladores, jueces, abogados y académicos) ofrece legitimidad plural, también lo vuelve un blanco de presiones políticas. Por eso, es esencial que actúe con decisiones fundamentadas, basadas en mérito y no en afinidad partidaria.
El proyecto contempla formación ética continua y normas claras sobre conducta en medios y redes sociales; límites a las interacciones con el poder político y mediático y creación de un Comité Asesor de Ética Judicial"
Se insiste en la retórica: “cuidado con la independencia”. Sin embargo, la independencia sin estándares éticos verificables es una máscara —convertirse en “independientes” para hacer lo que se quiera sin rendición de cuentas es inadmisible. La toga no puede ser escudo para el poder sin límites.
El proyecto reconoce que los magistrados no son infalibles ni intocables. Cuando se resguardan comportamientos no delictivos, pero éticamente reprochables, la justicia pierde autoridad moral. Un fallo ligado a intereses personales, amistades de poder o actividades paralelas (como “producir una serie a partir de un juicio” o “viajar un fin de semana a un lago en el sur”) no daña solo al juez: mina la institucionalidad.
Capítulo aparte merece la referencia a la “ética judicial digital”. Esto es una gratísima novedad. Obliga a los magistrados a un uso responsable de redes, prohibiendo anticipar opiniones, filtrar expedientes o buscar protagonismo mediático. Ese control, hoy ausente, resulta esencial en un ecosistema donde la difusión informativa es inmediata.
La iniciativa se alínea con estándares internacionales -Principios de Bangalore (ONU, 2002)- y normas ya existentes en Chile, España, Brasil e Italia. Mientras tanto, en Argentina vivimos de voluntarismos y códigos sin fuerza vinculante. El cambio propuesto hace historia y coloca al sistema nacional al nivel de estándares globales.
Desde FORES hemos adherido al proyecto como parte de su compromiso inquebrantable por recuperar la confianza ciudadana. Reclamamos que el Consejo de la Magistratura actúe con la urgencia y responsabilidad que impone el momento institucional que atravesamos. La adhesión de asociaciones de abogados y del Colegio Público de Abogados confirma que esta no es una pelea interna, sino un llamado republicano transversal.
El caso Sabena como trasfondo de la reforma del Código de Ética
Repasemos lo que debería pasar ahora. El Consejo debe dar tratamiento inmediato, priorizando más argumentos que ritualismos. Para ello, se requiere que el Comité de Ética tenga herramientas reales: dictámenes con efectos tangibles y no meramente simbólicos. La formación continua debe ser real y evaluable y el sistema de sanciones debe ser visible a la sociedad, para que el ciudadano vea que las normas no quedan en el papel.
Argentina no puede seguir con una Justicia que impone que se la crea, sin generar confianza. Este Código no amenaza la independencia judicial, sino que la consolida, al forjar herramientas claras de control, orientación y sanción. El actuar justo se fortalece en la transparencia.
En manos del Consejo de la Magistratura está hoy una decisión histórica: avalar una justicia ética, creíble y republicana. Si lo hace, dará una señal poderosa de fortaleza democrática. Y a nosotros —como sociedad— nos corresponderá observar, exigir y colaborar para que no haya vuelta atrás.
