Las novedades judiciales de este miércoles vuelven a poner sobre la mesa dos temas que retratan, cada uno a su manera, las zonas más opacas de la Argentina: el circuito de corrupción montado alrededor del dólar oficial y las irregularidades nunca del todo aclaradas en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Por un lado, hubo movimientos en la causa que investiga las maniobras de arbitraje cambiario mediante falsas importaciones. Un sistema que durante años permitió que empresarios, financistas e intermediarios compraran dólares oficiales baratos para luego revenderlos en el mercado paralelo, aprovechando una brecha cambiaria gigantesca.
En ese expediente aparece nuevamente el nombre de Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, junto a otros personajes vinculados al submundo financiero argentino. Las juezas que intervienen en la causa calcularon que el perjuicio para el Estado rondaría los 607 millones de dólares. Sin embargo, periodistas especializados y conocedores del expediente sostienen que la cifra real podría ser considerablemente mayor, incluso con un cero más.
Además, la Justicia dispuso un embargo contra Piccirillo por 850 mil millones de pesos, una cifra impactante que busca cubrir el presunto daño económico derivado de estas operaciones.
El mecanismo investigado expone una de las deformaciones más profundas del sistema económico argentino: la utilización del acceso privilegiado al dólar oficial como herramienta de enriquecimiento extraordinario. No se trató solamente de especulación financiera. Hubo simulación de importaciones, triangulaciones y un esquema que solo podía funcionar en un contexto de controles distorsivos, discrecionalidad estatal y complicidades políticas y empresariales.
Procesaron a Viviana Fein por encubrimiento agravado en la muerte de Nisman
Pero la otra noticia judicial del día tiene un peso institucional todavía más profundo. A más de una década de la muerte de Nisman, la Justicia procesó a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado. El fallo sostiene que existió ocultamiento y alteración de rastros y elementos probatorios en la investigación de la muerte del fiscal.
El procesamiento de Fein vuelve a poner en discusión algo que para buena parte de la sociedad argentina nunca terminó de cerrarse: qué ocurrió realmente en el departamento de Puerto Madero y hasta qué punto la escena fue contaminada deliberadamente.
La resolución judicial llega tardísimo. Y esa demora también dice algo sobre la Argentina. Porque cuando la Justicia tarda más de una década en avanzar sobre posibles encubrimientos en una causa de semejante gravedad institucional, lo que queda dañado no es solamente un expediente: es la confianza pública completa en el sistema.
