La jueza María Servini ordenó este martes 24, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, un embargo preventivo por $859.516 millones sobre los bienes de Elías Piccirillo, sus socios y otros 160 propietarios de agencias de cambio, en el marco de una investigación por presuntas maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La causa investiga el “rulo financiero” durante el cepo cambiario en los gobiernos kirchneristas. Se trata de una segunda causa paralela, mientras que la primera está a cargo del juez Ariel Lijo y apunta a un exfuncionario de la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini por presuntas coimas vinculadas al sistema SIRA.
En su resolución, la jueza María Servini sostuvo que, entre el 1° de enero y el 1° de septiembre de 2023, las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y ventas por $418.278.740.007.
En relación con las maniobras con dólares, el expediente señala que el 96% de los fondos fue percibido por Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL e Intercash SAS. A su vez, el 99% de las transferencias habría sido realizado por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA y Gestiones San Miguel SA.
De acuerdo con la investigación, de esos montos se extrajeron en efectivo US$607.432.023, y el 99% de esas operaciones se habría retirado físicamente del Banco de Servicios y Transacciones. En la causa se señala además que Arg Exchange y Gis Cambio pertenecen a Elías Piccirillo y a su socio Martín Migueles.
Según el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, los investigadores detectaron inconsistencias documentales en distintas agencias de cambio, entre ellas Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL y Gallo Cambios SAS.
De acuerdo con el reporte, las firmas justificaban las extracciones de divisas en efectivo como cancelaciones de operaciones cambiarias, aunque en muchos casos no quedaban claramente identificados ni el destinatario final de los fondos ni las contrapartes involucradas.
La investigación también detectó operaciones de compra de moneda extranjera no reportadas, principalmente dólares, por más de $163 mil millones, además de ventas superiores a $12.800 millones. Como consecuencia de esas irregularidades, al menos 15 casas de cambio fueron sancionadas por el Banco Central.
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Para los investigadores, los involucrados habrían montado un esquema de operaciones cambiarias fraudulentas aprovechando debilidades en los mecanismos de control y supervisión del organismo monetario. La sospecha es que conocían las limitaciones del sistema y las utilizaban de manera sistemática para acceder al mercado oficial de cambios y evitar controles institucionales.
“Para llevar a cabo la conducta, se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio que se realizarían a futuro. Para lograr ello, las casas de cambio que podrían denominarse ‘minoristas’ recibieron fondos de CUIT de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente”, explicó Servini.
“Una vez lograda la inyección de pesos argentinos en el sistema financiero, como segundo paso se simularon operaciones cambiarias legítimas ante el Banco Central con el fin de acceder a dólares estadounidenses sin limitación al tipo de cambio oficial. Distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero ‘legal’ que diera sustento a las operaciones informadas en la base RIOC”, agregó la jueza.
Según la reconstrucción judicial, las maniobras investigadas habrían permitido retirar del circuito legal más de US$607 millones mediante extracciones de efectivo, generando presuntas ganancias ilegales vinculadas a la brecha entre el dólar oficial y el blue, que durante ese período llegó a superar el 100%.
Para los investigadores, el esquema habría perjudicado directamente el sistema de administración de reservas y el destino regulado de las divisas asignadas al tipo de cambio oficial. La sospecha es que las entidades involucradas simulaban operaciones legítimas para acceder a dólares oficiales en medio de las restricciones cambiarias vigentes durante el cepo.
En ese contexto, la Justicia considera que existió un entramado entre casas de cambio y fallas en los mecanismos de control que facilitó la extracción de dólares en efectivo y permitió sostener operatorias presuntamente fraudulentas. De acuerdo con la causa, el impacto final habría recaído sobre las reservas en dólares del Estado nacional.
RG
