El gobierno argentino habla de inteligencia artificial con el entusiasmo de quien descubre una religión nueva. Funcionarios, influencers oficiales y empresarios amigos repiten palabras como disrupción, algoritmos, innovación, machine learning y economía del conocimiento con una mezcla de fascinación tecnológica y obediencia cultural. El problema es que, mientras recitan ese catecismo importado, destruyen las instituciones que producen el insumo fundamental del que se alimenta la inteligencia artificial: conocimiento.
No existe inteligencia artificial sin datos. Y no existen datos de calidad, sistemáticos, verificables y útiles sin universidades públicas, organismos científicos y sistemas de investigación financiados por el Estado. La paradoja argentina es grotesca: un gobierno que idolatra la inteligencia artificial está desfinanciando exactamente a quienes producen el contenido con el que esos modelos aprenden.
Durante las últimas semanas realizamos un relevamiento sobre uno de los aspectos menos discutidos del ecosistema global de IA: el origen de las URLs y dominios académicos que nutren a los modelos y sistemas de búsqueda automatizada. Para hacerlo utilizamos el índice público de Common Crawl, una de las bases de datos más utilizadas del mundo para entrenamiento y alimentación de modelos de inteligencia artificial.
Common Crawl almacena miles de millones de páginas web rastreadas periódicamente y funciona como una gigantesca biblioteca digital sobre la cual trabajan sistemas de IA y procesamiento masivo de lenguaje.
¿Por qué las URLs son importantes? Porque los modelos no “piensan”: leen, absorben y correlacionan, pero no piensan. Y para hacerlo necesitan páginas web, repositorios institucionales, publicaciones científicas, bibliotecas digitales, tesis, revistas académicas y archivos abiertos.
Cada URL universitaria indexada representa trabajo intelectual colectivo, producido socialmente y expropiado como materia prima computacional.
En dicho relevamiento analizamos dominios académicos y científicos de distintos países de América Latina y de algunos países desarrollados—universidades, organismos de investigación y repositorios abiertos—, y luego normalizamos los resultados por población y por producción científica.
Dependiendo de la complejidad y escala de cada sistema científico nacional, se relevaron entre 6 y 20 entidades por país. Las consultas se realizaron directamente sobre el índice CDX de Common Crawl utilizando búsquedas paginadas por dominio.
Los valores obtenidos no deben interpretarse como una medición directa de artículos científicos efectivamente utilizados por modelos específicos de inteligencia artificial, ya que los datasets completos de entrenamiento de los principales modelos comerciales no son públicos. Sin embargo, sí constituyen una medida empírica de presencia y exposición efectiva de infraestructuras científicas abiertas dentro del ecosistema global de crawling que alimenta numerosos datasets contemporáneos de IA.
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Los resultados son muy reveladores. Chile presenta 10.970 URLs académicas y científicas relevadas por millón de habitantes. Argentina, 5.291. Colombia, 3.399. Brasil, 2.615. España, 2.340. Ahora bien, cuando la comparación se realiza respecto de la producción científica, Argentina registra 26.505 URLs académicas y científicas por cada 1000 artículos científicos publicados. Chile tiene 23.939. Colombia, 18.567. Brasil, 8.273. España, apenas 1.704.
El dato muestra algo que suele quedar invisibilizado: el sistema universitario y científico argentino posee una densidad digital extraordinaria. Produce enormes volúmenes de contenido abierto, reutilizable e indexable respecto de su tamaño económico y de sus niveles de financiamiento. En otras palabras: las universidades públicas argentinas ya están alimentando buena parte de la infraestructura cognitiva sobre la que funcionan los modelos contemporáneos de inteligencia artificial. Y lo hacen prácticamente gratis. Pero no es un regalo, es una transferencia que debe ser problematizada.
¿Qué está haciendo el Gobierno Argentino mientras tanto? Para empezar, no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y le dedica un presupuesto al fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en las universidades que es de casi una tercera parte del que tiene la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación.
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Buena parte del debate público argentino sobre inteligencia artificial parece reducido al balbuceo de un grupo de influencers oficiales jugando a preguntarle pavadas a ChatGPT en Twitter mientras llaman “parásitos” a investigadores, docentes y científicos que producen el conocimiento sobre el cual esos mismos modelos funcionan.
La escena tiene algo de tragicómico. Los trabajadores altamente calificados que sostienen universidades, laboratorios, repositorios científicos y bibliotecas digitales son presentados como una carga improductiva por una banda político-comunicacional financiada por el propio Estado.
Un Estado que ajusta becas doctorales pero destina recursos millonarios a estructuras de propaganda digital donde abundan cuentas anónimas, consignas prefabricadas y niveles alarmantes de analfabetismo.
Y, mientras todo eso pasa, hablamos de algoritmos sin hablar de soberanía tecnológica, de producción de conocimiento, de infraestructura digital, de capacidad científica y de quién controla las cadenas globales de valor asociadas a la economía del dato. Fascinados por las aplicaciones superficiales de la IA, estamos dejando de mirar aquello que las hace posibles.
Esta paradoja no es nueva. Hace más de medio siglo la teoría crítica europea advertía que la razón moderna se había convertido en un instrumento: un cálculo de medios indiferente a los fines, vaciado de todo contenido sustantivo. La IA contemporánea muestra los límites de ese diagnóstico: máquinas que correlacionan a escala planetaria sobre un contenido que ellas no producen y al que tratan como mero insumo.
El gesto del gobierno —celebrar la correlación y desfinanciar lo correlacionado— es la forma local de esa misma operación.
El filósofo chino Yuk Hui llama cultura monotecnológica a este régimen en el que un único patrón de desarrollo —definido en y desde el Norte global— sincroniza al planeta entero y vuelve invisible todo lo que no entra en su métrica.
Pero esa sincronización funciona, paradójicamente, gracias a la materia cognitiva que extrae de las periferias: papers, tesis, repositorios, bibliotecas digitales producidos por sistemas públicos a los que después se trata como "parásitos". Hablar de soberanía tecnológica sin hablar de la universidad pública es no haber entendido de qué está hecha la IA.
Porque los modelos más admirados del planeta no se alimentan de memes libertarios ni de trolls pagos. Se alimentan de papers científicos, repositorios universitarios, bibliotecas públicas y conocimiento producido colectivamente durante décadas. Y en Argentina, una parte muy significativa de ese conocimiento sale de universidades públicas a las que hoy se intenta humillar, desfinanciar y degradar.
Hay una imagen que sintetiza la operación en curso: regalar la casa para después alquilarla. Las universidades públicas argentinas producen, en español y desde el Sur, una infraestructura de conocimiento que entregan abiertamente al mundo —con todo lo que ese gesto tiene de virtuoso— pero sobre la cual no se construyó ni política industrial, ni capacidad soberana de procesamiento, ni discusión pública seria.
Lo que está en juego en cada marcha es eso. No un presupuesto: una infraestructura cognitiva soberana"
Los modelos comerciales que se entrenan con ese material se ofrecen luego a las propias universidades, al Estado y al sector privado argentino como servicios pagos en dólares. Producimos en abierto la materia prima cognitiva; pagamos en moneda dura por consumirla procesada. Sale gratis exportar, sale carísimo importar lo mismo.
La vieja sospecha de que la razón moderna terminó convertida en mero cálculo de medios nombra bien el síntoma, pero ya no alcanza. Lo que para el Norte fue autodisolución de la razón, para el Sur es despojo de trabajo intelectual. La universidad pública argentina no es un gasto que el país no puede afrontar: es la condición material para que dentro de diez años existan todavía datos producidos desde acá, en nuestra lengua, sobre nuestros problemas.
Lo que está en juego en cada marcha es eso. No un presupuesto: una infraestructura cognitiva soberana, o el papel definitivo de proveedores gratuitos de materia prima para un modelo que después tendremos que alquilar.
El futuro tecnológico no es uno solo. Hay tantos futuros como pueblos capaces de imaginarlo desde su propia historia y su propia lengua, y defender la universidad pública es defender la posibilidad de que uno de esos futuros se piense también desde acá.
