WASHINGTON, DC – Poco se sabe sobre el nuevo marco que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras sus conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos este mes. Aunque esto ha aliviado los temores de un enfrentamiento inminente por Groenlandia, no ha resuelto la disputa subyacente. Todo el mundo debe seguir preguntándose: cuando Dinamarca o Groenlandia dicen que no, ¿tiene Estados Unidos que escuchar?
Esta pregunta va al corazón de lo que es un imperio y lo que no lo es. Estados Unidos aún no es un imperio en Groenlandia. Pero esta última crisis hace visible la línea de peligro. Históricamente, los imperios solían cruzar el océano antes de cruzar la línea roja de la jurisdicción, y el cambio decisivo se producía cuando la influencia se endurecía hasta convertirse en un dominio directo. El imperio, por lo tanto, representa un cambio en la autoridad, cuando una potencia exterior puede imponer resultados sin necesidad del consentimiento local.
Lo que está en juego no es si Estados Unidos tiene influencia en el Ártico, sino si está intentando convertir esa influencia en autoridad. Trump ha enviado claras señales imperialistas al hablar de adquirir la isla y sugerir que la fuerza no está categóricamente descartada. Pero está por verse si estas señales se convertirán en una política que haga que el consentimiento de Groenlandia sea opcional.
Es cierto que algunos utilizan la palabra imperio de forma más laxa, normalmente para describir cualquier patrón de dominación o alineación forzada. Según esa definición, el impulso por adquirir Groenlandia o controlar sus recursos minerales ya califica. Pero aunque este lenguaje puede captar abusos reales, también desdibuja la distinción entre imperio y hegemonía, que se refiere a la capacidad de una potencia exterior para presionar y persuadir sin desplazar a la autoridad local. El imperio comienza cuando la negativa de la autoridad gobernante local ya no tiene ningún efecto, cuando el derecho a tomar decisiones clave migra del soberano local a la potencia de ultramar.
Estados Unidos aún no ha cruzado esa línea. No ha habido transferencia de soberanía y no existe una administración civil estadounidense en la isla. Aunque Estados Unidos goza de un margen sustancial mediante derechos de base, estos son el resultado de acuerdos consensuados. El Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca —la base legal para la Base Espacial de Pituffik, por ejemplo— otorga a Estados Unidos jurisdicción exclusiva dentro de áreas de defensa específicas, sin transferir la soberanía danesa.
Estos términos fueron ampliamente comprendidos durante décadas. Pero ahora surge la duda de si la administración Trump intentará tratar una disposición limitada como un cheque en blanco, expandiendo el perímetro de las bases bajo sus propios términos y reduciendo el consentimiento danés y groenlandés a una mera formalidad puntual.
La retórica reciente ha puesto a prueba este límite. En 2019, las declaraciones de Trump sobre la compra de Groenlandia eran fáciles de descartar como teatro. Pero cuando los planes para adquirir Groenlandia resurgieron a principios de enero de 2026, Trump sugirió que la fuerza militar "siempre es una opción". Luego usó su discurso en Davos para retractarse de esa afirmación, solo para decirle al New York Post, el 24 de enero, que Estados Unidos aún obtendría la soberanía sobre las áreas de Groenlandia donde se encuentran las bases estadounidenses.
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Si lo dijo literalmente —como una transferencia de autoridad territorial, no meramente un acceso ampliado— marcaría un paso decisivo de la influencia al dominio. Pero si "soberanía" es su forma abreviada de decir acceso, la ambigüedad sigue siendo importante, porque pone a prueba si el consentimiento danés o groenlandés se convierte en una restricción continua.
Además, un acuerdo futuro alcanzado bajo coacción no resuelve el problema de legitimidad, sino que lo demuestra. Si Dinamarca o Groenlandia creen que la coerción militar es una alternativa creíble a la firma de un nuevo acuerdo, el consentimiento deja de cumplir la función que distingue el establecimiento de bases aliadas del imperialismo.
Las consecuencias de tal coerción podrían ser de gran alcance. El uso exitoso de la misma por parte de Trump en Groenlandia podría sentar un precedente para ignorar el consentimiento sin una anexión formal, fomentando políticas similares en otros lugares, incluidos puntos de paso estratégicamente vitales como el Canal de Panamá y posiblemente países enteros como Canadá.
¿Cómo se vería en la práctica cruzar esa línea? El primer indicador sería una expansión unilateral de la autoridad de las bases estadounidenses mediante perímetros de seguridad que crezcan más allá del tamaño acordado. Estos serían vigilados por personal estadounidense, justificados por evaluaciones de amenazas estadounidenses y mantenidos sin ninguna capacidad significativa de Dinamarca o Groenlandia para revertirlos.
El segundo marcador serían acuerdos en minerales, puertos o infraestructuras donde la ley local permanezca nominalmente en vigor, pero la ejecución se traslade a mecanismos controlados por Estados Unidos. El cambio sería más obvio si las disputas se desviaran de los tribunales groenlandeses o daneses hacia foros donde Estados Unidos tenga la ventaja.
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El tercer indicador sería si Estados Unidos logra restringir la inversión, los contratos de recursos o las asociaciones de Groenlandia con terceros, dando a entender que la isla ya no puede actuar de manera significativa sin el consentimiento de Washington. Esto podría lograrse mediante diversos mecanismos, desde puntos de veto formales y poderes de supervisión de seguridad hasta penalizaciones de facto que hagan que rechazar la autoridad de Estados Unidos sea prohibitivamente costoso.
En cada caso, la señal es la misma. El consentimiento deja de funcionar porque ha habido un cambio en quién autoriza la actividad, quién vigila los límites, quién adjudica las disputas y quién puede detener proyectos. La gobernanza local ya no importa, porque puede ser evitada o anulada.
Por ahora, la mejor etiqueta para el comportamiento de Estados Unidos es la hegemonía. Estados Unidos tiene razones estratégicas para preocuparse por Groenlandia —rutas de tránsito árticas, infraestructura submarina, sistemas de alerta temprana, la geografía de la disuasión del norte— y estas podrían explicar ciertamente la fijación de la administración con la isla, incluso si no justifican el dominio estadounidense.
Pero la política interna en Groenlandia y Dinamarca sigue siendo importante, y la cohesión de la OTAN sigue siendo crucial. Redefinir la autoridad sobre territorio aliado pondría en peligro los cimientos de la alianza, y Estados Unidos aún debe preocuparse por los costes legales y de reputación, ya que depende del consentimiento para el establecimiento de bases y la cooperación en materia de seguridad.
Puede que Estados Unidos no sea un imperio formal todavía, pero se ha acercado al límite. Mientras el consentimiento de Groenlandia importe, no lo habrá cruzado. Eso sucederá si, y cuando, decir "no" deje de tener efecto.
(*) Carla Norrlöf es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
