La Patagonia, desde la perspectiva histórica, ha sido un espacio incorporado al ejercicio pleno de nuestra soberanía ya muy avanzado el siglo XIX y por la acción de Julio Argentino Roca.
Es el asiento de grandes recursos minerales como el oro, la plata, el uranio, el litio y fundamentalmente uno de los más grandes reservorios de gas y petróleo no convencionales como Vaca Muerta.
No menos trascendente es la existencia de agua dulce en la región cordillerana, como así también la fauna ictícola, hoy depredada por diversos países y en particular China, en nuestra plataforma continental.
Pero no solo en eso reside su significación estratégica. También lo es por su proyección hacia la Antártida, por el control del Atlántico Sur y del paso natural entre los dos grandes océanos.
Foco de conflictos históricos por la delimitación de la frontera con Chile, que casi nos llevan a una guerra con ese país hermano y que terminan en la década del noventa cuando durante la gestión de Carlos Saúl Menem se firman los acuerdos que ponen fin a esas disputas. El proceso que inicia Roca lo culmina un gobierno peronista.
Al control del espacio terrestre y marítimo, con el avance tecnológico, también ahora hay que agregarle la necesidad de controlar el espacio aéreo. Y en este aspecto empezamos mal.
Durante la anterior gestión del gobierno kirchnerista se firmó un acuerdo con la República Popular China que permitió la construcción y operación de una base dual, científico-militar, en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Esto significó una señal de alerta para Occidente y por las características de dicho acuerdo, que impide el control por parte de nuestro país de las actividades que se llevan a cabo, una pérdida de soberanía.
Termina por hacer más complejo este panorama cuando desde el actual Gobierno se deja trascender que China se haría cargo de la construcción y explotación de un puerto en Ushuaia para la reparación y el abastecimiento de los barcos pesqueros que operan en el Atlántico Sur y de apoyo logístico para los que operan en la Antártida.
La respuesta no se hizo esperar. Chile anticipó que prevé desarrollar un polo similar en Punta Arenas y Gran Bretaña anunció que ampliará su presencia militar en las Islas Malvinas al mismo tiempo que adecuará las instalaciones de Puerto Argentino, para esa misma finalidad.
En síntesis, el manejo irresponsable de acciones de política exterior han provocado que el Cono Sur, una zona de paz, se esté convirtiendo en un eventual teatro de operaciones del conflicto estratégico del siglo XXI: la confrontación entre Occidente y China, al mismo tiempo que nuestro país pierde protagonismo y soberanía en este área del planeta.
El conflicto generado por la acción violenta de organizaciones de seudo mapuches, autodenominadas RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), en Río Negro, Chubut, y Neuquén no deben ser entendidas sino como una amenaza más que se agrega a la situación antes descripta.
Usurpación y ocupación de tierras fiscales y privadas, incendios intencionales, cortes de ruta, destrucción de bienes estatales y privados, quema de iglesias y agresiones sistemáticas y planificadas a habitantes de esa zona, entre otras acciones, no son simplemente delitos comunes tipificados en el Código Penal.
Las RAM aspiran a constituir una nación independiente, con la excusa de la recuperación de su territorio ancestral en nuestra Patagonia, con una clara metodología terrorista y secesionista que nos recuerda al intento del ERP, en la década del setenta, en la provincia de Tucumán.
Y no hay que hacer inteligencia para verificarlo, basta simplemente con leer sus manifiestos y las expresiones de su máximo referente Facundo Jones Huala.
Todo ello -¿casualmente?- apoyado judicialmente por una organización de abogados que tiene entre sus impulsores a vetustos ex Montoneros como Cirilo Perdía o Fernando Vaca Narvaja y con la permisividad, cuando no directamente con la complicidad y el apoyo de organismos federales.
El INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dirigido por Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, ha sido sorprendido en reiteradas oportunidades trasladando en vehículos oficiales a militantes de ultra-izquierda a las tomas de tierras y asistiendo logísticamente a las ocupaciones ilegales llevadas a cabo por estos grupos.
El gobierno nacional, sin duda imbuido del espíritu setentista del que se vanagloria, lejos de concurrir con fuerzas federales en número suficiente para neutralizar esta amenaza, le niega el apoyo al pedido de una gobernadora que actuando dentro de los establecido en la ley de Seguridad Interior advierte de la magnitud de la amenaza que todo ello significa no solo para los bienes, la vida y la libertad de los argentinos que habitan la región, sino también para el ejercicio real de la soberanía y la preservación de nuestra integridad territorial.
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Lejos de responder a estos reclamos, la Cancillería argentina instruye a nuestro embajador en Chile para que se presente ante el tribunal de ese país en el que se trataba el eventual otorgamiento de la libertad condicional a Facundo Jones Huala y abogue por aceptar dicho reclamo, en clara contraposición a lo sostenido por las autoridades chilenas, lo que incluso dio lugar a una fuerte protesta diplomática.
Las RAM y los grupos que la constituyen no actúan independientemente, sino que son parte de una estrategia más amplia de lo que se ha definido como nueva izquierda, y que se vinculan a organizaciones terroristas que operan en América Latina, narco guerrillas como lo fueron las FARC en su momento, o que reciben el apoyo de gobiernos con los que la administración kirchnerista se ha alineado como Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro en Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Basta para confirmar esta afirmación lo que en el año 2015 expone el jefe de la policía colombiana José León Reiñao ante sus pares chilenos. En efecto, les informa que en un combate entre el Ejército de ese país y un grupo de las FARC muere Raúl Reyes, a la sazón el número dos de esa narco guerrilla, y se incauta su computadora. Una vez desencriptada se comprueba que su principal interlocutor en Argentina era Facundo Jones Huala, con quien intercambiaba correos en orden a proveerle elementos de formación de cuadros para actividades insurgentes y apoyo logístico, incluido el envío de algunos de los miembros de las RAM para su instrucción militar en el terreno.
Viendo la situación en prospectiva, la reciente decisión del Gobierno chileno de enviar sus fuerzas armadas a la zona de la Araucanía, entre las que incluye fuerzas especiales, implica en el corto plazo un recrudecimiento de la actividad de estos grupos en nuestro territorio, por la sencilla razón de que cuando una zona se satura por la presencia del Estado y sus instituciones, en este caso las fuerzas armadas, los grupos que allí operan migran hacia zonas donde existen condiciones más propicias para su accionar.
Obviamente el territorio de repliegue será nuestra Patagonia con todo el riesgo que ello significa. Y frente a la gravedad y trascendencia del panorama aquí expuesto, la actual administración no solo no toma conciencia del riesgo al que nos exponemos, sino que enredado en sus propias contradicciones, pareciera más preocupado por resolver los problemas de quienes gobiernan que los que afectan a los intereses estratégicos de la Nación.
*Dirigente peronista; ex ministro Ministro del Interior y Justicia; ex secretario de Inteligencia de la Nación y ex diputado.
