En los últimos meses, la universidad pública argentina atravesó una situación crítica. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), uno de cada seis trabajadores no accede a una nutrición adecuada. La inseguridad alimentaria, una forma elegante de decir que la plata no alcanza para comprar la comida suficiente, afecta no solo a los trabajadores informales sino también a los empleados registrados.
El 9,8% de quienes están en relación de dependencia sufre privaciones alimentarias. En el caso de los informales, el porcentaje asciende al 24%. En un país con abundantes recursos, tener un empleo ya no garantiza la posibilidad de comer todos los días. Los docentes y no docentes de la universidad pública no están ajenos a esta realidad; la pérdida del poder adquisitivo ha erosionado sus salarios en los últimos años.
El presupuesto 2026 asigna 4,8 billones de pesos para el sistema universitario, frente a los 7,3 billones previstos por la Ley de Financiamiento Universitario"
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Según los datos de agosto, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes registraron un deterioro de más del 90% en relación con la inflación oficial del INDEC, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo de 50%. Nunca, desde el regreso de la democracia, se registró una pérdida de esta magnitud. La reducción sostenida de los ingresos impacta en las condiciones laborales y en la continuidad de muchos trabajadores dentro del sistema.
A la caída salarial se le suma el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Ambas cámaras rechazaron el veto y la ley quedó firme, lo que obliga al Gobierno a aplicarla. Sin embargo, los fondos establecidos no fueron transferidos, lo que limita el funcionamiento de las universidades nacionales, dejando la pregunta de si el próximo año abrirán sus puertas o no.
El proyecto del Presupuesto 2026 asigna 4,8 billones de pesos para el sistema universitario, frente a los 7,3 billones previstos por la Ley de Financiamiento Universitario. En términos reales, el presupuesto proyectado para 2026 equivale al de 2025, sin ningún tipo de actualización por inflación.
Desde 1949, la universidad pública argentina se consolidó como un espacio de acceso a la educación superior y de formación de recursos humanos para el desarrollo nacional. Hoy las aulas están deterioradas, los servicios básicos son escasos y el personal docente y no docente resiste la falta de financiamiento. La continuidad de las universidades depende de la estabilidad presupuestaria y del cumplimiento de las normas que garantizan su funcionamiento.
En medio de este escenario desolador, los trabajadores del Garrahan nos recuerdan que la lucha por mejores condiciones de trabajo tiene sentido y logra resultados. Luego de que el gobierno se negara a cumplir la Ley de Emergencia Pediátrica, el personal del hospital inició un plan de lucha de seis meses que incluyó huelgas, asambleas y marchas.
Gracias a esa resistencia, los trabajadores lograron un aumento del 61% de sus haberes. La presión sindical y el acompañamiento de la sociedad, que considera al Garrahan una de las instituciones más valiosas del país, lograron que el gobierno cumpliera con la ley.
El debate actual, tanto para la salud como para la educación, no se limita a la asignación de recursos. Involucra la definición del modelo de país que queremos para la Argentina. Debemos pensar el rol que la educación superior debe ocupar en la estrategia de desarrollo nacional. Sin una política sostenida de financiamiento, el sistema universitario no puede cumplir su función científica ni social.
