Esta última semana trascendió que la Cancillería argentina había retirados la candidatura de nuestro país para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales lamentaron la decisión de abandonar este órgano fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.
Creado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, el Consejo reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos, otorgándole un nuevo rango, a tono con la trascendencia del tema en la vida internacional y la convicción expresada por el entonces Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan de que los "tres pilares para un mundo más seguro y desarrollado son la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos”. Annan sostenía que “estos tres ámbitos están intrínsecamente ligados y deben abordarse simultáneamente para lograr la paz y la prosperidad global, ya que no puede existir desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y la garantía de los derechos humanos es fundamental para ambos”.
A casi veinte años de su creación el Consejo ha desarrollado un impresionante sistema de monitoreo mundial de los países en que ocurren desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas, discriminación racial o por razones de género o de orientación sexual, así como violaciones a los derechos económicos, sociales o culturales. Entre sus mecanismos existe lo que se denomina la revisión por los pares o examen periódico universal en la que todos los países deben comparecer ante el Consejo y someterse a un examen e interrogatorio sobre su situación en materia de derechos humanos.
A pesar de su intenso trabajo, el Consejo ha sido objeto de críticas, en especial del gobierno de Estados Unidos, por el acceso a su membresía de países dictatoriales que supuestamente dominarían su agenda, o por mantener una doble vara con la que se abordaría la situación de determinados países.
La cuestión de la membresía de gobiernos dictatoriales se motiva en que algunos países procuran acceder al Consejo para defenderse de las críticas y a veces lo logran, a pesar de que para ser electos requieran de una mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General. Sin embargo, si se mira la integración actual, las dictaduras están muy lejos de constituir la mayoría.
De nuestra región, por ejemplo, están presentes países donde funciona la democracia representativa como Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, México o República Dominicana y así puede observarse en las otras regiones.
Tampoco se puede decir que las dictaduras o los gobiernos autoritarios dominen la agenda, pues los casos a los que el Consejo dedica una atención particular a través de relatores especiales o comisiones de investigación incluye a los siguientes países, Afganistán, Belarús, Burundi, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Myanmar, Irán, Nicaragua, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán, Federación de Rusia, Territorios Palestinos ocupados y Venezuela. Los resultados de esas investigaciones han sido por lo general lapidarios para los países en cuestión.
Puede alegarse que no están todos los que deberían estar y ello se explica por el enorme peso específico de algunos, la habilidad de la diplomacia de otros o las alianzas de gobiernos autoritarios con grandes potencias, lo que les ha evitado por el momento ser expuestos a la luz pública. Sin embargo, la importancia de algunos de los países examinados en la actualidad y que sobresalen en la agenda no puede ser minimizada y es representativa de avances importantes de los trabajos del Consejo.
Como se ve, la realidad de este organismo es más matizada que lo que expresan ciertas simplificaciones y el fortalecimiento y mejora del mismo pasa en todo caso por la participación activa y el debate y no por la retirada por mero seguidismo de las decisiones de otros.
La Argentina tuvo siempre un rol constructivo en el sistema de Naciones Unidas y en el desarrollo de acciones y normas para la promoción y la protección de los derechos humanos, lo que le valió un amplio reconocimiento internacional. El abandono de esa tradición común a todos los gobiernos de la democracia desde 1983 es una claudicación ética y un error político que profundiza el aislamiento y la marginalidad a la que nos conduce la actual política exterior.
*Ex Vicecanciller
