Los fuegos de artificio encendidos en torno de la “querella penal” que el gobierno nacional impulsaría contra los funcionarios macristas que contrajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional han ocultado cuál fue el punto central del discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso: ni más ni menos que el nuevo acuerdo en puerta con el FMI.
Desde que asumió, el gobierno prepara el escenario para llegar a cumplir con las exigencias de las llamadas “facilidades extendidas”: mencionemos simplemente a la licuación de las jubilaciones bajo el nuevo régimen de movilidad; a la pulverización de los salarios y gastos sociales del Estado, o al “sendero de aumentos tarifarios” anunciado en el propio discurso del Congreso.
La alharaca en torno de la querella criminal apunta a mostrar al acuerdo con el FMI como “herencia del pasado”. Pero el verdadero propósito del arreglo es la futura “reinserción financiera internacional”, es decir, un nuevo ciclo de endeudamiento, que debería arrancar con una suba de la actual cotización de la deuda argentina de la mando del acuerdo ´kristalino´.
Desde que asumió, el gobierno prepara el escenario para llegar a cumplir con las exigencias de las llamadas “facilidades extendidas”:
Los límites de esta ´salida´ financiera son, sin embargo, concluyentes. Si el gobierno cierra un acuerdo de facilidades a diez años, por ejemplo, los pagos conjuntos –al FMI y a los acreedores privados- a partir de 2025 orillarían los 17 mil millones de dólares anuales, una cifra muy por encima de la proyección más optimista en términos de generación de divisas con el comercio exterior. En realidad, la deuda con los fondos privados no tuvo quitas, apenas fue prolongada en el tiempo y con tasas de interés muy superiores a las internacionales.
En la puerta de “salida”, por lo tanto, no hay otra cosa que la “entrada” a una nueva refinanciación y a un nuevo endeudamiento. Ninguna “querella penal” puede sortear esa perspectiva de crisis. Pero además, la “querella” enfrenta a los “querellantes” con otra contradicción insuperable: los argumentos que sientan en el banquillo a los funcionarios macristas son suficientes para ´querellar´ a todos los gobiernos de las últimas décadas, incluyendo al actual.
La acusación de haber constituido una hipoteca impagable sobre el país ya fue objeto de un fallo –el del juez Ballestero. Su sentencia, girada al Congreso, duerme el sueño de los justos, o mejor dicho, de los estantes de la estéril “comisión bicameral para el tratamiento de la deuda”. Por consentimiento u omisión, todas las mayorías y minorías parlamentarias de estos años avalaron los arreglos de deuda, incluyendo al préstamo con el FMI.
La deuda con los fondos privados no tuvo quitas, apenas fue prolongada en el tiempo y con tasas de interés muy superiores a las internacionales.
En cuanto al gobierno actual, digamos simplemente que, durante la emergencia “pandémica”, proveyó al empresariado local de 1,5 billones de pesos que en parte fueron desviados a la compra de dólares baratos. Todavía hoy el ministro Martín Guzmán provee de dólares “oficiales” a las empresas para la cancelación del 40% de sus deudas con el exterior. Para reponer las reservas que dilapida con esos rescates, remata títulos públicos en dólares que tienen un rendimiento implícito del 18% anual. Las razones que querellan a Caputo o Dujovne, por lo tanto, se extienden hasta la actualidad.
Si apartamos al “ruido” de querellas, sólo queda lo siguiente: el eje del discurso presidencial en el Congreso fue un arreglo con el capital financiero. Las exigencias del mismo plantean una nueva confiscación a trabajadores, jubilados y desocupados. La enorme impasse de la politica oficial no será saldada por las “querellas” de dudoso destino, sino por la intervención de los trabajadores.
CP
