FAIRFAX, VIRGINIA—Con la guerra de Irán y la crisis del costo de vida dominando los titulares en los Estados Unidos, una opinión jurídica emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de los EE.UU. que declara inconstitucional la Ley de Registros Presidenciales (PRA) de 1978 ha pasado en gran medida desapercibida. Pero un juez federal ordenó recientemente a la administración del presidente Donald Trump cumplir con la PRA, rechazando el dictamen y configurando una batalla legal con implicaciones potencialmente profundas.
La PRA se promulgó a raíz del escándalo de Watergate, durante el cual el presidente Richard Nixon intentó proteger sus grabaciones secretas declarando que sus documentos de la Casa Blanca eran propiedad privada. Los registros presidenciales, estipuló la ley, pertenecen al público. Durante casi medio siglo, se ha prohibido a las administraciones salientes purgar los registros oficiales o mantenerlos en privado.
La opinión de la OLC, si finalmente se aplicara, transformaría por completo este acuerdo. Peor aún, también podría servir como base legal para anular las normas éticas, las leyes de divulgación y otros requisitos de presentación de informes que se aplican al presidente o a su equipo de la Casa Blanca.
La opinión de la OLC es fundamentalmente débil. Para empezar, se apoya en la ausencia de regulación del Congreso hasta la década de 1970 como evidencia de que los presidentes históricamente han controlado sus documentos, insinuando que el Congreso no puede regularlos. Pero el silencio del Congreso sobre un asunto no significa que carezca de autoridad para legislar. De hecho, el Congreso optó por no regular el mantenimiento de registros presidenciales antes de Watergate porque no había una necesidad apremiante de hacerlo. Los intentos de Nixon de eludir el proceso de justicia penal hicieron necesaria la PRA.
El dictamen califica erróneamente a la PRA como un ejemplo de supervisión del Congreso, a pesar de que nada en la ley está diseñado para apuntar a un presidente individual o exigir la divulgación de información al Congreso. El proceso de investigar al presidente es un asunto separado del mantenimiento de registros.
La OLC continúa invocando el fallo de la Corte Suprema de 2020 en el caso Trump v. Mazars USA, LLP para argumentar que el Congreso no puede actuar en ausencia de un propósito legislativo específico. Pero ese caso se trataba de una citación del Congreso dirigida a los registros fiscales personales de un presidente en ejercicio, no de una ley debidamente promulgada. La OLC aplica incorrectamente Mazars a una ley estructural y con visión de futuro centrada en la preservación de documentos.
La OLC también pasa por alto la autoridad del Congreso, a través de la Cláusula de Necesidad y Medios de la Constitución, para elegir la herramienta adecuada para lograr sus fines legítimos de formulación de políticas, un punto que la Corte Suprema dejó abundantemente claro hace más de dos siglos en el caso McCulloch v. Maryland. Eso incluye la estructuración de las operaciones gubernamentales, la preservación de registros y la creación de sistemas de archivo.
Otra afirmación extraña es que el proceso constitucionalmente permisible para preservar registros es a través de una citación judicial. Según la opinión de la OLC, solo cuando el Congreso emite una citación "bajo las circunstancias apropiadas" puede tal vez "impedir temporalmente la destrucción de la evidencia buscada". Más allá del lenguaje evasivo, el argumento carece de lógica. Sin una preservación previa, la citación es inútil. Recuerde que la PRA (y su precursora, la Ley de Preservación de Materiales y Grabaciones Presidenciales, o PRMPA) se estableció porque Nixon estaba destruyendo sus registros oficiales.
En cuanto a la PRMPA, la OLC ataca el caso Nixon v. Administrator of General Services, el fallo de la Corte Suprema de 1977 que ratificó la constitucionalidad de la ley. Afirma que el caso —una de las defensas más importantes de la PRA— se basa en un marco obsoleto para entender la gobernanza, utilizando mal a Mazars (nuevamente) y argumentando que el Congreso solo puede regular a las agencias, no al presidente. Pero si el Congreso pudo promulgar la PRMPA —una ley que apuntaba a los registros de un presidente específico—, ¿por qué una ley de mantenimiento de registros neutral y de aplicación general como la PRA no sería constitucionalmente permisible?
Esta teoría es claramente errónea: las acciones del presidente históricamente han estado limitadas por varias leyes estructurales, desde clasificaciones de seguridad hasta requisitos de divulgación. En el caso Little v. Barreme, por ejemplo, la Corte Suprema ratificó un estatuto que restringía el comercio con Francia y anuló la incautación de un barco por parte del presidente que no estaba autorizada por la ley. Pero, lo que es más importante, la PRA no dicta las acciones que debe tomar el presidente; simplemente establece un sistema para garantizar que los registros se preserven.
Por último, la OLC presenta argumentos igualmente poco persuasivos sobre los efectos disuasorios en los asesores presidenciales, el privilegio ejecutivo y la carga de recursos; todas ellas afirmaciones que la Corte Suprema rechazó repetidamente en Nixon v. Administrator of General Services.
En el corazón de este ataque a la PRA se encuentra la creencia errónea de que la Constitución de los EE.UU. prioriza la "autonomía e independencia" del presidente por sobre todo lo demás. Eso es un disparate. Los redactores de la Constitución diseñaron intencionalmente un sistema de poderes compartidos, no de dominación ejecutiva. En lugar de una amenaza a la independencia ejecutiva, la preservación de los registros presidenciales es una forma de transparencia que limita el abuso de poder, garantiza la rendición de cuentas y, por sobre todo, protege el interés público.
(*) Mark J. Rozell es decano de la Schar School of Policy and Government de la Universidad George Mason y coautor de Executive Privilege: The Use and Abuse of Presidential Secrecy from Washington to Trump, 5a ed. (University Press of Kansas Press, 2026). Mitchel A. Sollenberger es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Michigan-Dearborn y coautor de Executive Privilege: The Use and Abuse of Presidential Secrecy from Washington to Trump, 5a ed. (University Press of Kansas Press, 2026).
