En nuestro país, tanto por izquierda como (por suerte) por derecha los reclamos sociales sociales mas importantes no han sido satisfechos. Debemos reconocer que el sistema político en su conjunto no ha podido dar solución a problemáticas como la inflación, la corrupción, la falta de estabilidad económica y la creciente desigualdad social que resulta a todas luces inmoral.
El común de la gente ha perdido la confianza en aquellos que cada dos o cuatro años prometen cambiar la realidad imperante y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Esta situación provoca la peligrosa aparición o crecimiento de outsiders que con propuestas demagógicas y disruptivas garantizan derrocar a un sistema que, en la actualidad, se presenta incuestionablemente ineficaz.
Un Estado ineficiente, integrado por funcionarios que se encuentran alejados de la realidad de la ciudadanía y que, de un lado y del otro de la grieta, repiten vicios que ya resultan cotidianos y tristemente naturalizados, parecieran ser algunas de las causas de el problema. Vicios sistémicos en la dinámica política y en la dirección del Estado como la falta de planificación y la prevalencia de los intereses personales o del espacio al que se pertenece, imposibilitan que consignas válidas y necesarias se vuelvan realidad.
La insatisfacción generalizada por la falta de resultados en relación al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad argentina, debe provocar una necesaria autocritica que decante en una deconstrucción de la forma de hacer política y, en especial, de gestionar el Estado. En ese sentido, hay que comprender que lo que antes daba resultado, ahora no lo da y eso nos obliga a reinventarse para adaptarse a un mundo en constante cambio.
Transformar al Estado
En ese marco, un nuevo pacto social que incluya, entre otras cosas, una reforma del Estado parece ciertamente ineludible si queremos que éste sea el protagonista del cambio que nuestro país requiere. Lamentablemente, este no es un tema que pareciera estar en agenda, ya que las propuestas tradicionales se limitan a ampliarlo o a reducirlo, pero no a transformarlo.
Pero el cambio debe ser integral y no acotarse solo a los poderes mal llamados “políticos”, ya que el Poder Judicial esta lejos de encontrarse eximido de responsabilidad del estado actual de las cosas y posee sus propios vicios. Además, no existe la posibilidad de recorrer el camino hacia una sociedad mas equitativa si los jueces y juezas con sus decisiones los entorpecen.
En forma inconsciente los referentes y los diferentes espacios políticos que integran el amplio campo nacional y popular han ignorado sistemáticamente y en forma generalizada el rol político que tiene el Poder Judicial la vida democrática de nuestro país. Circunstancia que se torna patente, recién, cuando las decisiones de los jueces obturan los procesos de ampliación de derechos o las luchas contra los privilegios de determinados grupos de interés conservadores y contra mayoritarios.
Lorenzetti evaluó que “normalmente” la política le echa la culpa a la Justicia
Las causas de dicha subestimación son, en opinión de quien escribe, la posible incomprensión sobre sus lógicas de funcionamiento internas, que resultan sustancialmente distintas a las de los llamados “poderes políticos”; la poca atención social que existe sobre la incidencia que tienen las decisiones de los jueces en los grandes problemas que aquejan a la comunidad; un cómodo rechazo por la formación académica que es supra valorada en esos espacios, por sobre los conocimientos provenientes de la experiencia de la militancia o de la gestión pública. Finalmente, se puede agregar, una mayoritaria incompatibilidad entre marco teórico y el origen social que existe entre aquellos que transitan los caminos de las reivindicaciones sociales y los que hacen del derecho su profesión.
Todo ello lleva a que la conducción de los colegios de abogados, los consejos de la magistratura, los diferentes espacios corporativos que nuclean jueces y juezas e incluso la integración del mismo Poder Judicial, son las batallas que la “compañerada”, en su mayoría, ha decidido dar por perdida. De similar manera, ocurre con la participación de los espacios académicos, ya que son pocos y pocas los que deciden disputar seriamente la conducción de las universidades y otros ámbitos científicos.
Por el contrario, los sectores conservadores y el poder económico utilizan continuamente este poder del Estado como una espada que empuñan cada vez que se intenta avanzar contra un sistema social, cultural, político y, especialmente, económico que resulta favorable a sus intereses espurios. Algo similar ocurre cuando se cuestiona la moral que entiende que debe predominar los sectores conservadores. Con dichas finalidades y la necesaria complicidad institucional, se utiliza la criminalización de quienes promueven cambios favorables a los sectores populares, se paralizan el actuar del Poder Ejecutivo mediante sus medidas cautelares e, incluso, se la invalidan de las normas que el Poder Legislativo dicta en ejercicio de sus facultades democráticas.
Ejemplos de ello en la historia reciente de nuestro país abundan. Las causas conocidas como “dólar futuro” (1) y el “memorándum de Irán” (2) representan la manifestación más evidente de la presencia del conocido lawfare. Otra gran demostración de la incidencia exógena de Poder Judicial en los procesos políticos son los fallos sobre la presencialidad de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia, donde la Corte decidió entrometerse en decisiones tomadas por el Ejecutivo nacional en una situación de emergencia Sanitaria (3).
La lógica elitista, endogámica, corporativa y la autopercepción de superioridad también ha estado presente en las decisiones de nuestra Corte Suprema. Solo debemos mencionar la sentencia por la cual se quedó con la presidencia del órgano que tiene a su cargo el nombramiento de magistrados/as y la disciplina de éstos (4) , la convalidación de los traslados de jueces que no fueron designados por concurso para sus lugares de destino (5) o la que desconoció la eficacia de las decisiones de la Corte IDH sobre las decisiones del máximo tribunal argentino (6).
Quiénes abogamos por una sociedad mas equitativa e inclusiva, tenemos que comprender que las decisiones de los jueces son actos de gobierno porque implican ejercer la autoridad pública sobre los particulares. Entender al Poder Judicial como un poder “no político” y, en consecuencia, menospreciar el rol que tiene en la vida democrática de nuestra nación, resulta una equivocación cuyo costo, directa o indirectamente, terminan abonando los sectores mayoritarios de nuestra sociedad. Internalizar esta idea nos obliga a asumir que el sistema judicial, en su acepción mas abarcativa, es también un terreno de disputa política que no debemos descuidar.
*Abogado y docente universitario (UBA / UNCuyo).
(1) CFCP – Sala I Causa No CFP 12152/2015/TO1/55/CFC7 “Vanoli Long Biocca, Alejandro y otros s/ recurso de casación”
(2) Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 Cfp 14305/2015/To1/24
(3) CSJ 567/2021 ORIGINARIO Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
(4) CAF 29053/2006/CA1-CS1, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080 -dto. 816/99 y otross/ proceso de conocimiento.
(5) CSJN, 11174/22/1/ RS1, Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986, 3/11/2020.
(6) CSJ368/1998(34-M)/CS1Ministeriode RelacionesExterioresy Cultos/informesentenciadictadaen el caso'Fontevec-chiay D'Amicovs.Argentina'porla CorteIn-teramericanade DerechosHumanos.
