El desafío para el Gobierno es lograr un equilibrio fiscal sostenible
El superávit alcanzado durante el primer bimestre del año sirve como señal, pero no significa necesariamente que pueda ser sostenible ni permanente.
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Télam
Gonzalo Lacunza*
Sin ley de Presupuesto como plan de acción, la promesa del gobierno de alcanzar el equilibrio fiscal será evaluado al final de cada mes (o cada semana si la confianza disminuye). El superávit del primer bimestre (primario de 0,5% del PBI; financiero de 0,1% del PBI) sirve como señal del compromiso asumido, pero no significa necesariamente que el mismo sea sostenible ni permanente.
En el bimestre, los ingresos cayeron 3% ajustado por inflación respecto al primer bimestre de 2023 (-5% excluyendo los ingresos extraordinarios del impuesto PAIS por las licitaciones del BOPREAL que solo se repetirán en marzo).
Tras el incremento interanual en enero (+1% ajustado por inflación), en febrero los ingresos disminuyeron 6,3% interanual porque los impuestos asociados al tipo de cambio (Derechos de exportación, IVA DGA, PAIS) mostraron una fuerte desaceleración debido al atraso del tipo de cambio (con la devaluación fijada en 2% mensual, el tipo de cambio real cayó 13% entre enero y febrero) y los asociados a la actividad (Cheques, IVA DGI, Combustibles) y Ganancias, mantuvieron ritmo de caída. Sin un aumento del crawlingpeg, este efecto sobre los ingresos se agravará en los meses venideros.
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De esta forma, el resultado fiscal del bimestre se explica por el fuerte ajuste del gasto primario (-38% ajustado por inflación versus primer bimestre 2023). Y aquí vale preguntarse cuán sostenible es en el tiempo dado que es el resultado de: (mucha) licuación, (considerable) motosierra y (algo) de postergación de pagos.
Licuación
Más de la mitad del ajuste (60%) se dio por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, salarios públicos y planes sociales. No hay margen para seguir licuando haberes jubilatorios (están en valores mínimos de los últimos 30 años) teniendo en cuenta que en 2023 cayeron 30% respecto a 2022 y 40% respecto a 2019. La jubilación mínima de febrero tuvo un poder de compra un 25% inferior a la de noviembre 2023 (incluyendo bonos).
El elevado costo social y político de seguir con este mecanismo llevó al gobierno a lanzar el DNU sobre la movilidad jubilatoria, que fijó un piso a la caída, asegurando que los haberes actualicen por inflación en los próximos meses con un plus inicial de 12,5% (así y todo, el gobierno logrará ahorrar 0,7% del PBI en esta partida, que podría subir hasta 1,2 p.p. del PBI si también se suspenden los bonos extraordinarios a los haberes más bajos). Concentrarlo en planes sociales tampoco es una opción: la pobreza ya está por encima de 45% y el riesgo de un descontento social generalizado crece.
Motosierra
Representó la cuarta parte de la caída del gasto del bimestre y fueron las provincias y la obra pública las que más la sufrieron. Las transferencias corrientes a las provincias cayeron 77% ajustado por inflación (87% incluyendo las transferencias de capital) porque, entre otras cosas, en enero no se realizaron giros del Fondo de Incentivo Docente (FONID, que cubre una porción de los sueldos docentes)y por la derogación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la PBA. Aunque la voluntad del gobierno en esta materia parece innegociable, los conflictos con los sectores más afectados (gobernadores, docentes, construcción) se intensifican.
Luis Caputo, ministro de Economía
Postergación de pagos
Aunque la evolución de lo hasta ahora mencionado dependerá de la capacidad del gobierno de mantener la estabilidad social y política, repetir la suspensión de envíos de fondos destinados a subsidios es insostenible (15% del ajuste). En un mes de alta demanda eléctrica como enero, durante el cual no hubo aumentos tarifarios pese al salto del tipo de cambio, el Tesoro postergó pagos a CAMMESA, necesarios para cubrir la brecha entre los costos de generación y lo pagado por los usuarios (aumentando la deuda con las generadoras).
Los aumentos de febrero en el precio mayorista de los usuarios residenciales de altos ingresos, comerciales e industriales (ya pagan el costo de generación), deberán mantenerse para tener un impacto en los subsidios energéticos de 2024.
En el bimestre, las necesidades de financiamiento de CAMMESA se estiman en torno a $950.000 M (0,14% PBI; suficientes para compensar el superávit financiero) de los cuales el gobierno habría transferido tan solo $140.000 M. Mientras tanto, la última postergación de aumentos para las tarifas de gas y transporte en marzo va en detrimento de alcanzar una reducción de subsidios permanente.
Pensando el 2024, el objetivo de equilibrio fiscal del gobierno luce muy desafiante. Alcanzar el equilibrio primario podría ser un objetivo asequible (aunque no exento de dificultades) y constituiría todo un logro para el primer año de gobierno. Lo que está claro es que un programa fiscal sostenible económica, social y políticamente, no podrá copiar la estrategia del primer bimestre para el resto del año.
