Misma mesa. El jefe de equipo económico, anoche con todos sus técnicos en la mesa ministerial antes del anuncio formal con el que se lanzó el nuevo programa. |
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Viendo la situación financiera actual de todo el pueblo de nuestra Patria, muchos opositores políticos pretenden que estalle todo por los aires y, es más, incluso afirman “… si en nuestro gobierno teníamos un dólar blue de 350, el país hubiera estallado no bien llegaba a 200. Cómo se nota que es un gobierno populista el que está hoy…”. A lo cual, siendo plenamente objetivos, analizamos ambos momentos y encontramos datos muy llamativos.
Tomemos como parámetros para analizar tres variables: paritarias, inflación acumulada y dólar estadounidense en ambos períodos. Mientras que en el período 2016 a 2019 las paritarias acumuladas fueron de 155%, la inflación acumulada fue cercana al 305% y el valor del dólar estadounidense creció 650% en esos cuatro años; en los tres años siguientes (2020, 2021 y 2022) esas mismas variables poseen los siguientes valores: paritarias 303%, inflación 295% y variación del dólar estadounidense, cerca del 370%.
Con esto podemos decir, sin temor a errar el diagnóstico, que la administración nacional e incluso de muchas provincias que manejaron su misma sintonía tomaron como variable de ajuste el salario de la población, puesto que llegó a la mitad del nivel de inflación acumulada, y en un período de recesión como el que tuvimos desde enero de 2018 (cuando inició fuertemente, consecuencia de que comenzaron a rechazarse los bonos nacionales y obligaciones negociables de empresas argentinas en el exterior del país). Como en todo ciclo de economía con políticas de centroderecha a derecha que solo son aplicables a economías desarrolladas y consolidadas, no solo hundió los salarios sino también la actividad económica por completo, porque cuando uno empieza a reducir el consumo se vende menos en el país y eso lleva a una baja de producción, generando un círculo vicioso en la economía que en forma constante se va achicando hasta desaparecer/entrar en recesión con inflación para arribar a una paralización que puede generar un estallido social. Eso en nuestro pueblo no pasó corolario de que falta muy poco ya en 2019 para la alternancia de gobierno (elecciones presidenciales) cuando el pueblo lo percibió allí por febrero de 2019.
La administración nacional tomó como variable de ajuste el salario de la población
Resultado de todo ello, en mayo y agosto de ese mismo año 2018 se dio el endeudamiento más grande de la historia del país con el FMI y el préstamo más grande de la historia de ese organismo con un país miembro, teniendo nuestro país un bajísimo nivel de endeudamiento, consecuencia de que el expresidente Néstor Kirchner saldó la deuda de US$ 10 mil millones en 2006 y después no nos endeudamos con ellos hasta 2018.
Retomando el antepenúltimo párrafo, podríamos establecer que la mayor parte de la población hoy ya sabe lo que no quiere repetir en el futuro porque, aunque hoy la situación económico-financiera aún no es la ideal, existe actividad económica y circulación constante de pesos en transacciones. Ante la malintencionada y anacrónica pregunta de por qué no se emiten billetes de mayor denominación ($ 2 mil, $ 5 mil y $ 10 mil), no es necesaria o incluso impulsan el aumento de la economía en negro que hoy es cerca del 40% del total, porque tratan de desconocer que hoy existen métodos alternativos de pago como billeteras virtuales, trasferencia electrónica y hasta tarjetas de crédito/débito en una población en la cual existe una bancarización del 65%/70%, a diferencia de lo que ocurría hasta la década del 90. Si se accediera a lo que piden, el nivel de economía en negro podría pasar a cerca del 50%/55% y eso llevaría a un crack en la economía del Estado nacional y las provincias, con lo que desfinanciarían dichos Estados, pero eso no es novedad porque demostraron que no les interesa en nada la población de más bajos recursos, que ellos mismos cuadruplicaron en su gobierno en planes sociales, tal como lo hicieron en 2017 con la reforma tributaria, que eliminaba de cuajo el impuesto a los bienes personales sin más e incluso volviendo a colocar el concepto de paraísos fiscales en la ley de impuesto a las ganancias que se había eliminado en 2012.
