28 oct 2020
OPINIóN |Inserción y políticas públicas
viernes 25 septiembre, 2020

El papel de los gobiernos locales en la gestión migratoria

Frente al crecimiento de la población extranjera en nuestro país y al contexto de pandemia, los municipios ocupan un rol fundamental para canalizar las demandas y garantizar el acceso a derechos.

Mercedes Botto* y Berenice Conde**

Migrantes en Argentina Foto: Cedoc
viernes 25 septiembre, 2020

Desde 1949, cada 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante en la Argentina. Más de setenta años después, la idea de integración, de dar espacio y fomentar la multiculturalidad se ve atravesada por la constante y ambivalente práctica, que oscila entre la inclusión y la exclusión de los migrantes.

Argentina es y ha sido un país receptor tanto de inmigración limítrofe como europea  y asiática. En las últimas décadas, la llegada de migrantes regionales se ha ampliado. En el caso de Venezuela su crecimiento es acelerado y preocupante por razones humanitarias. Según la Dirección Nacional de Migraciones los migrantes venezolanos pasaron de un total de 10.000 personas en 2010 a 135.600 en el año 2018; y totalizaran 180.000 a finales de este año.

En términos de su normativa, la Argentina también se ha ganado el reconocimiento internacional de país inclusivo.  Desde la Constitución de 1957 y hasta el año 2004, esta inclusión tuvo un guiño a favor de la migración europea otorgándole los mismos derechos civiles y sociales que a los locales. Es recién a partir de la Ley de Migraciones 25.871/84 que esos derechos se amplían a los migrantes de países limítrofes y asociados al Mercosur.

La idea de integración, de dar espacio y fomentar la multiculturalidad se ve atravesada por la constante y ambivalente práctica, que oscila entre la inclusión y la exclusión de los migrantes.

Sin embargo, como bien hace notar la literatura especializada, otorgar derechos no conlleva necesariamente un acceso efectivo. La mayoría de las veces, la decisión de adjudicar una vacante escolar y/o a un tratamiento médico a un migrante queda en manos del efector del sistema escolar o de salud público, que, en definitiva, frente a la misma necesidad y escasez del bien, la mayor parte de las veces decide por dársela a un local bajo pretexto de no tener un DNI en mano.

Lo mismo ocurre con la demanda de trabajo y de vivienda donde el empleador y/o propietario saca provecho de la situación de precariedad documental y los contrata bajo condiciones desventajosas y fuera de la ley.

Es en esta situación de precariedad documentaria y de vulnerabilidad social donde los estados subnacionales, y más precisamente las ciudades de acogida, pueden hacer una importante diferencia en favor de la equidad y la igualdad. En definitiva, son los municipios, donde llegan las demandas de la población migrante y se dirimen estos conflictos por la administración y adjudicación de bienes públicos.

Pero no todas las ciudades cuentan con las mismas capacidades disponibles y recursos materiales para dar respuesta a estas demandas, como se puso de manifiesto en el Primer Encuentro Nacional de Ciudades Solidarias organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Argentina a principios del mes de setiembre.

Consolidar la articulación intergubernamental y mantener diálogo constante con los migrantes parece ser el camino más adecuado para que los municipios sigan siendo garantes del proceso de inserción.

El Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL), centro de investigación de doble dependencia Flacso-Conicet, participó de ese encuentro en el que, un total de doce ciudades de la Argentina, caracterizadas por un flujo importante de migrantes y refugiados venezolanos, compartieron sus experiencias sobre como integrarlos a la comunidad. En términos de dificultades se habló de la necesidad de mejorar y actualizar la información sobre las características socio demográficas de la población venezolana en general y de los refugiados, en particular.  

En cuanto a los avances, se compartieron prácticas innovadoras, como la capacitación a funcionarios y empresarios sobre normativas y la validez de la documentación precaria como instrumento legal; la organización de ferias y /o encuentros culturales y gastronómicos; el asesoramiento técnico a jóvenes migrantes para la búsqueda de trabajo o micro emprendimientos; y, por último, la capacitación de periodistas en el uso del lenguaje inclusivo e intercultural.

Consolidar la articulación intergubernamental y mantener un diálogo constante con las organizaciones y colectivos de migrantes parece ser el camino más  adecuado para que los municipios puedan seguir cumpliendo su rol  de referentes y garantes en el arduo proceso de inserción de los migrantes.


*Directora y **Profesional de Apoyo 
IICSAL (FLACSO-CONICET)
 


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