El año 2025 se resiste a terminar. El viernes 26 de diciembre, el Gobierno nacional festejó la aprobación, por primera vez durante su gestión, de una Ley de Presupuesto. Dejaremos por un momento de lado las inconsistencias en los escenarios macroeconómicos del proyecto, las ilegales derogaciones de las leyes de financiamiento educativo y de la ciencia y la técnica, y nos haremos una pregunta más elemental: ¿qué festejan el Gobierno, sus aliados y sus formadores de opinión?
La pregunta surge del hecho de que, en la misma semana en que se aprobaba el presupuesto, se conoció un fallo dictado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº11, en el marco de un amparo colectivo iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional. El juzgado declaró inaplicable la cláusula del Decreto 759/2025 que, al promulgar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, había suspendido su ejecución hasta que el Congreso definiera fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias. Como consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley, y estableció que la cautelar rige hasta que se dicte sentencia definitiva.
En otras palabras, el Ejecutivo puede apelar, pero mientras tanto debe pagar lo que la ley establece en términos de salarios universitarios y recomposición de becas y presupuestos.
El presupuesto universitario para 2026 será el más bajo en dos décadas
Nos estamos acostumbrando a vivir en un país donde el Poder Ejecutivo cumple solo las leyes que quiere. El argumento del Poder Ejecutivo para vetar la Ley de Financiamiento Universitario, y para no pagarla luego de que el veto fuera rechazado, es que incumple con la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige que toda norma que autorice nuevos gastos especifique con claridad de dónde saldrán los recursos. Hay varios motivos por los cuales dicho argumento es insostenible: motivos lógicos y legales.
En primer lugar, está el hecho de que el presupuesto con el que el Ejecutivo inició el ejercicio fiscal 2025 es la segunda prórroga del presupuesto aprobado a finales de 2022 para el año 2023. Y es la prórroga de la prórroga, porque fue el mismo Poder Ejecutivo quien impidió el tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto.
El Ejecutivo puede apelar, pero mientras tanto debe pagar lo que la ley establece en términos de salarios universitarios y recomposición de becas y presupuestos"
Por lo tanto, y por una sencilla razón aritmética de cómo se calcula la prórroga presupuestaria y del desfasaje que supone en relación con las necesidades presupuestarias vigentes, no habría ningún renglón presupuestario que esté en condiciones de sostener en 2025 el mismo poder adquisitivo que tenía en 2024. El Jefe de Gabinete de Ministros autoriza todo el tiempo “nuevos gastos” porque es la única manera de que la Administración Pública funcione con presupuesto prorrogado; como señala la Ley de Financiamiento Universitario, es el propio Jefe de Gabinete quien debe hacer lo propio para, simplemente, mantener el poder adquisitivo de las transferencias a las universidades que estas tenían en 2023.
En segundo lugar, lo que convierte al argumento en una burla al Congreso —y a toda la sociedad— es que, mientras el Ejecutivo dice que no tiene fondos para financiar aquello que el Congreso define como necesario, le propone a ese mismo Congreso una nueva ley que implica que el Estado dejará de recaudar casi cuatro veces lo que cuesta la Ley de Financiamiento Universitario.
Efectivamente, el proyecto de reforma laboral que quiere tratar el Ejecutivo supone, entre la reducción en los ingresos por contribuciones patronales —derivadas de la modificación en el régimen de altas y en las alícuotas— y los cambios en el impuesto a las ganancias que pagan las sociedades, una reducción en los ingresos tributarios que podría llegar al 0,8 % del PBI para 2026, cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 0,2 % del PBI el costo de la Ley de Financiamiento Universitario para todo 2025.
De nuevo, entonces: el Ejecutivo dice que no tiene plata para cumplir una ley votada por amplias mayorías en el Congreso, que resistió un veto presidencial, y a la vez propone, sin que el Congreso se lo pida, dejar de recaudar el equivalente a cuatro veces lo que cuesta esa ley para la cual afirma no tener recursos. Total normalidad.
Entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿qué festeja el Ejecutivo cuando consigue aprobar la Ley de Presupuesto? Una Ley de Presupuesto que, además, y para colmo de colmos, viola la misma ley que el Ejecutivo utiliza como argumento para no pagar la Ley de Financiamiento Universitario.
Efectivamente, la Ley 24.156, que exige que toda norma que autorice nuevos gastos especifique con claridad de dónde saldrán los recursos, también señala, en su artículo 20, que la Ley de Presupuesto no podrá “contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes”; y esto último es justamente lo que hace esta ley de presupuesto con las leyes vigentes de financiamiento educativo y de financiamiento de la ciencia y la técnica.
En definitiva, lo que parece que se festeja no es la aprobación de una ley, sino la posibilidad de gobernar sin límites. No se celebra el presupuesto, sino la naturalización de su uso como herramienta para ignorar fallos judiciales, vaciar leyes vigentes y subordinar al Congreso. Lo verdaderamente inquietante no es solo la voluntad del Ejecutivo de avanzar sobre la legalidad, sino la disposición de una parte del Poder Legislativo a acompañar ese avance. No está en juego sólo la continuidad de la vida universitaria o el financiamiento de la educación y la ciencia, está en juego la salud misma de la República.
