El anuncio oficial de que será cerrada la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones pasarán a ser ejercidas por el Ministerio de Salud vuelve a exhibir ciertos hábitos del Gobierno. En especial, sobre cómo administra el Estado.
En nombre de la motosierra del ajuste estatal y del equilibrio en las cuentas fiscales, el mileísmo ha preferido recortar sin sintonía fina en áreas nacionales sensibles, donde tal vez correspondía una evaluación más detallada de los cambios necesarios para mejorar su eficiencia. Claro, es más trabajo.
Las podas de recursos materiales y humanos fueron amplias y alcanzaron a todos los sectores que dependen del Estado. Algunos muy delicados, como las jubilaciones, la educación o la ciencia. Pero cuesta entender el ensañamiento con las personas con discapacidad.
Manuel Adorni cobró más de 60 mil dólares por una demanda laboral a la empresa en la que trabajó
El Gobierno congeló la asistencia a los prestadores que atienden el sistema de discapacidad. Vetó la ley de emergencia y, ante el rechazo del Congreso a esa decisión, eligió incumplirla. Los legisladores, la semana pasada, consagraron que quedara fuera del Presupuesto 2026 el artículo que pretendía imponer el cese de la emergencia.
Es más: el funcionario que este martes 30 avisó del cierre de la ANDIS, Manuel Adorni, es el mismo que en julio de 2024 mostró una radiografía de un perro con el argumento de que se había usado para otorgar una pensión por discapacidad. El dato era falso, pero el hombre fue ascendido igual a jefe de Gabinete.
El inmutable guion libertario rezaba que había proliferación de beneficiarios truchos. ¿Qué hicieron? En vez de encarar un análisis pormenorizado de los casos, obligaron a cada persona con discapacidad a acudir a las sedes de la ANDIS a demostrar su condición. Más inhumano, difícil de conseguir.
Para peor, salieron a la luz audios del jefe de la Agencia, Diego Spagnuolo, amigo personal y exabogado de Javier Milei, en los que relataba un entramado de corrupción del que se beneficiaban desde una droguería afamada hasta la propia hermanísima presidencial. La causa viaja a velocidad judicial crucero.
Formalmente, Adorni detalló que el cierre de la ANDIS —un organismo descentralizado— y el traspaso de sus tareas a Salud permitirá controles más estrictos, transparencia y eficiencia.
Habrá que creerle al jefe de Gabinete. A ver si todavía hay quien piense que semejante paso se da para borrar el nombre ANDIS, y toda su simbología de recorte y corrupción, del mapa estatal. Como si muerto el perro se acabara la rabia. Un facilismo improbable.
ML
