El 16 de enero de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una resolución que clasificaba a las personas con discapacidad intelectual como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales", utilizando terminología abandonada hace más de setenta años. Este lenguaje degradante no fue un error aislado sino la manifestación de una política deliberada: durante 2024 y 2025, el gobierno suspendió 140.000 pensiones por discapacidad mediante auditorías irregulares donde el 50% de las notificaciones nunca llegaron a los destinatarios, congeló los valores de las prestaciones del sistema de salud de discapacidad mientras la inflación destruía el poder adquisitivo, y redujo el presupuesto de la agencia al nivel más bajo en términos reales desde 2018.
Cuando el Congreso intentó revertir esta situación sancionando en julio de 2025 una ley de emergencia en discapacidad, el presidente la vetó completamente. El Congreso rechazó ese veto en septiembre con las mayorías constitucionales requeridas, pero el gobierno dictó el Decreto 681/2025 que suspendió ilegalmente la aplicación de esa ley, argumentando falta de recursos mientras simultáneamente otorgaba aumentos salariales a fuerzas de seguridad, magistrados y personal diplomático.
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Las familias afectadas iniciamos un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana que representó a todas las personas con discapacidad del país. El 12 de diciembre de 2025, el juez dictó sentencia declarando que el Decreto 681/2025 era nulo de nulidad absoluta porque violaba la Constitución al permitir que el Presidente suspendiera mediante un decreto una ley cuyo veto había sido rechazado por el Congreso. La sentencia ordenó aplicar inmediatamente la ley de emergencia en todo el país, actualizar los valores de las prestaciones, restablecer las pensiones suspendidas y garantizar el financiamiento adecuado del sistema. El gobierno apeló pero la apelación no suspendía el cumplimiento de la sentencia, que debía ejecutarse de inmediato. Las familias tuvimos que intimar judicialmente al Estado para que cumpliera el fallo porque el Gobierno simplemente lo ignoró. Aún sigue sin cumplirse.
Cuatro días después de perder el juicio, el 16 de diciembre de 2025, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados intentó derogar la ley de emergencia incorporándola al proyecto de Presupuesto 2026, pero la maniobra fracasó porque perdió la votación en el recinto. Al día siguiente, el 17 de diciembre, Argentina votó en las Naciones Unidas contra una resolución que pedía a los países garantizar "financiamiento suficiente, previsible y sostenible" para los derechos de las personas con discapacidad. De los 193 países miembros de la ONU, 191 votaron a favor. Sólo dos votaron en contra: Estados Unidos y Argentina.
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Esta votación ocurrió un día después del intento fallido de derogar la ley y cinco días después de la sentencia judicial adversa, revelando que la política argentina no responde a falta de recursos sino a una decisión política deliberada de desfinanciar los derechos de las personas con discapacidad. Mientras el Gobierno argentino argumentaba en tribunales que no tenía dinero para cumplir la ley de emergencia, votaba en la ONU contra compromisos internacionales de financiamiento, demostrando que la verdadera razón no era la imposibilidad sino la falta de voluntad política para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es una declaración de buenas intenciones ni un compromiso moral voluntario: es ley suprema de la Nación desde 2008, con la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Esto significa que cada gobernador, cada intendente, cada legislador provincial y nacional, cada juez y cada funcionario público de Argentina tiene el deber constitucional de garantizar los derechos que esa Convención protege. Cuando el Gobierno nacional vota en la ONU contra el financiamiento de esos derechos, no está expresando una preferencia política legítima sino violando abiertamente la Constitución que juró defender.
La gravedad de ese voto se dimensiona al observar quiénes votaron a favor: lo hicieron, entre otros, Corea del Norte, Afganistán bajo el Talibán, Irán, Yemen y Siria. Incluso regímenes internacionalmente cuestionados por violaciones sistemáticas de derechos humanos reconocieron que las personas con discapacidad merecen financiamiento suficiente para vivir dignamente. Argentina eligió ubicarse más allá de esos regímenes, alineándose únicamente con Estados Unidos en el rechazo.
Esta decisión no puede quedar sin respuesta: convocamos a gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas, legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades, colegios profesionales y ciudadanos y ciudadanas de todo el país a pronunciarse públicamente sobre si acompañan o rechazan esta política de abandono sistemático. La Constitución no admite neutralidad cuando se violan derechos fundamentales de los sectores más vulnerables. El silencio frente a este patrón de deshumanización, desfinanciamiento y aislamiento internacional no es prudencia política sino complicidad institucional. La historia juzgará no solo a quienes votaron en la ONU contra las personas con discapacidad, sino también a quienes, teniendo poder para impedirlo, eligieron mirar para otro lado.
* Madres de personas con discapacidad
