A lo largo de 2025, un año en el que el oficialismo celebró una victoria las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei también debió atravesar episodios de fuerte desgaste político vinculados a denuncias por presuntos hechos de corrupción. Dos casos concentraron la mayor atención pública y judicial: el colapso de la criptomoneda Libra, promocionada por el propio Presidente, y las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El primer escándalo estalló el 14 de febrero, cuando Milei difundió en la red social X un mensaje en el que destacaba el lanzamiento de Libra, un token digital presentado como una iniciativa innovadora ligada al ecosistema argentino. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Milei junto a un link para acceder a la criptomoneda.
En cuestión de horas, la criptomoneda sufrió un desplome abrupto que derivó en pérdidas millonarias para más de 44 mil inversores, según estimaciones del mercado. En apenas cuatro horas, el activo perdió cerca del 89% de su valor, mientras el mensaje presidencial era replicado por funcionarios y cuentas afines a La Libertad Avanza.
Con el correr de los días, trascendió que el Presidente había mantenido encuentros previos con los impulsores del proyecto, entre ellos Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis, todos vinculados al mundo cripto. La iniciativa buscaba, según sus promotores, crear una moneda digital con anclaje en la economía local, orientada a sectores no bancarizados y con el apoyo político como factor de confianza. Sin embargo, la falta de transparencia y el colapso de la criptomoneda rápidamente las alarmas.
Especialistas en finanzas digitales advirtieron que una sola billetera, asociada a los desarrolladores del token, concentraba más del 40% del total de Libra en circulación, un dato que reforzó las sospechas de una maniobra de “pump and dump”, práctica conocida en los mercados cripto por inflar artificialmente el precio de un activo para luego venderlo masivamente.
A partir de las revelaciones de la estafa, se presentaron denuncias penales contra Milei, su hermana Karina Milei y los empresarios involucrados, que recayeron en el juzgado federal de María Servini, bajo las figuras de estafa, manipulación de mercado y asociación ilícita.
En septiembre de este año, Servini se declaró incompetente para seguir al frente de la causa y el juez Ariel Lijo resolvió que debe pasar a Marcelo Martínez de Giorgi porque en su juzgado se investiga otro expediente similar, donde se denunció a Karina por cobrar por reuniones con el Presidente.
La Comisión Investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados presentó un informe final en noviembre, que fue enviado al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, en el que indicaron: “Por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta Comisión señala: Que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA”.
En las últimas semanas, Taiano rechazó una solicitud para apartarse de la investigación, al considerar que la querella no demostró falta de imparcialidad ni encuadró su planteo en los supuestos legales. En un dictamen, sostuvo que las críticas responden a una disconformidad con el rumbo de la investigación y afirmó que no existen elementos suficientes para llamar demostrar su "imparcialidad". La decisión ahora está en manos del juez Martínez de Giorgi.
El segundo frente de conflicto surgió en agosto, cuando salió a la luz una investigación por presuntas coimas en la ANDIS, organismo clave en la gestión de políticas para personas con discapacidad. El momento no fue menor: el escándalo estalló pocas semanas antes de las elecciones legislativas bonaerenses, en las que el oficialismo sufrió un traspié, aunque luego lograría recomponerse a nivel nacional.
La causa se inició tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, abogado cercano al Presidente y entonces titular de la ANDIS. En las grabaciones, se lo escucha mencionar supuestos pagos ilegales vinculados a la compra de medicamentos, que involucrarían a funcionarios de alto rango, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. El impacto político fue inmediato.
Para contener la crisis, el Gobierno anunció la intervención de la ANDIS y el desplazamiento de Spagnuolo, además de manifestar públicamente su disposición a colaborar con la Justicia. En el marco de la investigación, se realizaron 14 allanamientos, que incluyeron las oficinas del organismo y la sede de la Droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado en materia farmacéutica.
También fue allanada la vivienda de Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de la empresa, señalada en los audios como presunta pagadora de sobornos. La causa avanzó con el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos relacionados con licitaciones y compras de medicamentos, un rubro históricamente sensible en el Estado argentino.
En la actualidad, la Justicia continúa con la etapa de indagatorias, aunque varios de los implicados optaron por no declarar. Mientras tanto, ambos expedientes siguen abiertos y representan los principales desafíos judiciales y políticos que enfrentó el Gobierno en un año clave de su gestión.
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