Ornella Calvete, quien hasta hace poco se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio de Economía, se presentó este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para rendir cuentas en la causa que investiga una millonaria estafa a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, se negó a declarar. La mujer arribó al cuarto piso del edificio judicial quince minutos antes de lo pautado, acompañada por su abogado, para enfrentar las preguntas del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes la señalan como una pieza clave en el caso.
La situación de la ex directora de Desarrollo Regional y Sectorial es sumamente delicada debido a los resultados de los allanamientos previos. Durante el operativo en su domicilio, los investigadores secuestraron una suma impactante: cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos en efectivo. Además, se incautó un sobre con llaves y anotaciones que conducen a múltiples cajas de seguridad y una baulera, lo que para la fiscalía es un indicio claro de que ella funcionaba como la encargada de ocultar el patrimonio del "grupo empresario" liderado por su padre.
Las pruebas digitales terminaron de complicar su defensa. La Justicia reconstruyó conversaciones que exponen el manejo de fondos ilícitos, como un mensaje donde Ornella le preguntaba a su padre si la empresa familiar, Indecomm, tenía respaldo legal para el dinero que guardaban: "Por si entran acá y me ven con mosssca", escribió, utilizando la jerga para referirse al efectivo no declarado. En otros chats, la imputada hablaba de cobrar comisiones a proveedores, mencionando un "3% a KM" y prometiendo a su padre comprarle "una Lambo" si los negocios con una ortopedia salían bien.
Ornella es hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales imputados en la trama de ANDIS, quien actualmente se encuentra detenido y condenado por una causa paralela de proxenetismo. Los mensajes entre ambos revelan no sólo la sociedad delictiva, sino también la protección mutua: antes de las elecciones, ella le advirtió tajantemente "no vayas a votar, no seas boludo", alertándolo sobre el riesgo inminente de detención que pesaba sobre él por la condena del Tribunal Oral Criminal N° 8.
Calvete forma parte de la lista de funcionarios que el Gobierno debió desplazar tras el estallido del escándalo. Su rol en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía finalizó abruptamente cuando su nombre quedó pegado al expediente que investiga coimas y sobreprecios en el organismo de discapacidad. La indagatoria de hoy busca esclarecer su nivel de participación y el origen de la fortuna encontrada en su propiedad.
Silencio y conexiones con otras estafas
La estrategia de la defensa parece alinearse con la de los otros acusados. Ayer fue el turno de Diego Martín D’Giano, ex director de Prestaciones Médicas de la ANDIS, y de Patricia Canavesio, persona de confianza de los Calvete. Ambos se presentaron en la nueva ronda de indagatorias pero optaron por el silencio, negándose a responder las preguntas del juez y del fiscal, movida que también adoptó Miguel Ángel Calvete desde la cárcel.
La pareja de Ornella, Javier Cardini, también fue desplazado de su cargo como subsecretario de Gestión Productiva en Economía. Cardini no solo quedó salpicado por esta investigación, sino que apareció vinculado a una maniobra paralela de fraude para importar autos modernos de alta gama haciéndolos pasar como vehículos de colección para eludir impuestos.
La investigación de Picardi y Casanello continúa avanzando sobre la hipótesis de una organización criminal que operaba desde adentro del Estado. Con los principales implicados negándose a declarar, las pruebas (desde los dólares hasta los chats sobre "arrancarle la cabeza" a los proveedores) se convierten en la columna vertebral de un expediente que expone la corrupción estructural en el manejo de los recursos para discapacidad.
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