En el marco del debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad, la discusión sobre el funcionamiento del sistema volvió a ganar centralidad a partir de los señalamientos de la abogada Marta Lastra, quien alertó sobre un deterioro sostenido vinculado al incumplimiento de la normativa vigente, el atraso en la actualización de las prestaciones y la ausencia de políticas públicas sostenidas.
En diálogo con Perfil Córdoba, señaló que la situación impacta de forma directa sobre personas con discapacidad, sus familias y cientos de prestadores en la provincia y en el resto del país. Lastra explicó que el problema se agravó en los últimos dos años por el atraso en la actualización del nomenclador nacional, que fija el valor de las prestaciones
"El sistema de discapacidad lleva dos años de atraso completo. En noviembre de 2024 la última actualización fue del 0,05%”, sostuvo, y contrastó ese dato con los aumentos de las prepagas, que —según indicó— ya habían subido un 300% durante el primer año de la actual gestión nacional.
En ese contexto, Lastra advirtió que “el sistema de la discapacidad corre peligro de desaparecer”, una preocupación que desarrolló también en su texto David frente al Gigante del Olvido: la lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde describe el alcance nacional de la crisis.
Más de 400 mil personas con discapacidad en la provincia
En Córdoba, la crisis afecta alrededor de 200 mil personas con discapacidad, a las que se suman sus familias y los trabajadores del sector. “Esto afecta como mínimo al doble de personas, y en muchos casos al cuádruple, porque hay familias enteras y circuitos laborales involucrados”, explicó Lastra.
Lastra precisó que en el territorio provincial funcionan alrededor de 329 instituciones vinculadas a la discapacidad, entre hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, casas de medio camino y talleres protegidos. “Hablamos de hogares, escuelas especiales y talleres que hoy no logran cubrir costos básicos como alimentación, pañales, terapias o salarios del personal”, advirtió.
Emergencia en discapacidad: presentan amparo colectivo en Córdoba
Desde una mirada jurídica, Lastra subrayó que “para llegar a una ley de emergencia resulta imprescindible no contar con asignación de presupuesto y el incumplimiento constante de la legislación vigente”, una situación que —según advirtió— hoy se da plenamente.
En esa línea, alertó sobre las consecuencias que podría tener el cierre de instituciones privadas y comunitarias. “Si esos espacios cierran, ¿a dónde va esa gente? El Estado no cuenta con dispositivos equivalentes. Van a golpear la puerta de la salud pública y no hay capacidad para absorber esa demanda”, señaló.
El posicionamiento frente al Gobierno nacional
Por otro lado, en su análisis, Lastra diferenció la actual gestión nacional de todos los gobiernos anteriores. “Desde 1981, todos aportaron herramientas para fortalecer el sistema de discapacidad. Menem, Kirchner, Fernández, incluso Macri, hicieron modificaciones que lo sostuvieron. Este es el único gobierno que lo ataca”, afirmó, en referencia al presidente Javier Milei.
“La ley de emergencia existe porque no hay presupuesto y porque no se cumplen las leyes vigentes. Milei no convocó al directorio que debe actualizar el nomenclador y gobierna con presupuestos prorrogados para decidir discrecionalmente”, sostuvo.
Lastra alertó además sobre las consecuencias concretas para las familias cordobesas. “En Córdoba hay listas de espera en escuelas especiales y centros terapéuticos. Cuando necesitás una institución y hay lista de espera, el sistema falla”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que “una sentencia o una omisión que afecta a una institución impacta sobre todo el sistema”.
El marco legal
Desde una perspectiva jurídica, la abogada advirtió que la crisis actual del sistema de discapacidad no es solo presupuestaria, sino también ilegal e institucional, y sostuvo que el Estado viene incumpliendo normas centrales que regulan la materia desde hace décadas.
En su texto, Lastra señaló que, en primer lugar, fueron “soslayadas dos leyes que marcan el accionar del Estado en materia de discapacidad”. Una de ellas es la Ley 22.431, sancionada en 1981, que establece la protección integral de las personas con discapacidad y fija que es el propio Estado quien debe garantizar su atención y derechos.
La segunda norma clave es la Ley 24.901, vigente desde 1997, que determina la cobertura integral de las prestaciones y servicios por parte de las obras sociales y del sistema de salud. Según Lastra, esta legislación —junto con sus modificaciones posteriores— fue diseñada para asegurar el acceso efectivo a tratamientos, educación, rehabilitación y apoyos necesarios.
A ese marco normativo se suman “numerosas reglamentaciones y decretos de los poderes ejecutivos que, independientemente de los colores políticos, contribuyeron al fortalecimiento del sistema”, con un objetivo común: “garantizar universalmente los derechos de las personas con discapacidad y afianzar las instituciones creadas”.
