Una maquinaria de estafas inmobiliarias en Córdoba: así operaba la banda que habría falsificado escrituras y vendido terrenos ajenos a terceros que creían que adquirían inmuebles con títulos auténticos.
Según la acusación, la organización era liderada por Juan Ignacio Coutsiers y Martín Esteban Coutsiers, señalados como jefes y organizadores. Como coorganizadores habrían actuado Raúl Héctor Cano y Juan Ignacio Durand, quienes aportaron asesoramiento jurídico y coordinaron la logística de ventas. Actuaban en varias comunas y habrían tenido colaboración del exfuncionario de Villa Parque Siquiman, Jorge Perchante.
La investigación del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, ubicó los hechos entre fines de 2019 y marzo de 2023, en el Valle de Punilla. Concluida la instrucción requirió la elevación a juicio a 28 acusados en total que habrían integrado la organización criminal. El objetivo era apropiarse de terrenos ajenos y venderlos como propios mediante una compleja ingeniería jurídica basada en documentos falsos, usurpaciones y maniobras de engaño a compradores de buena fe.
La banda operaba como una verdadera fábrica de títulos apócrifos. El primer paso consistía en identificar lotes baldíos o deshabitados, generalmente pertenecientes a personas fallecidas o con deudas impositivas. Con información obtenida de Catastro y Rentas, avanzaban luego en la confección de poderes y escrituras ideológicamente falsos, muchas veces utilizando sellos de otros escribanos para simular actos legales inexistentes.
El corazón de la maniobra fue el control de hecho del Registro Notarial N° 185, a cargo de la escribana María Rosario del Milagro Muto (fallecida), que funcionó como centro de operaciones para “blanquear” la documentación fraudulenta. Con esos papeles, ofrecían los terrenos a precios atractivos a través de Facebook Marketplace, cartelería en los lotes y contactos directos, asegurando contar con “títulos perfectos”.
Entre los casos más graves figura la confección de 325 escrituras falsas sobre terrenos del loteo Villa Yuspe, rematados judicialmente en 1992; la usurpación violenta de cuatro lotes en Tanti contra la poseedora Isabel Giménez, utilizando denuncias penales falsas; y múltiples estafas en Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Villa Rumipal, donde las víctimas entregaron millones de pesos y vehículos de alta gama.
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Los responsables y la estructura
La nómina completa de imputados incluye a Ernesto Aliaga Paz, Guillermo Pablo Daniel Arrieta Harica, Ramiro Javier Humberto Caggiano Blanco, Diómedes Manuel Carbone, Alejandro Norberto Cersósimo, Carlos Pedro Coutsiers, Elía Matilde González, Cristian Iván Gulisano, Miguel Ángel Hirles, Juan Carlos March, Matías Sebastián Martínez, Rodrigo Emanuel Molina, Javier Gustavo Perano, Julio Néstor Perano, Jorge Gustavo Perchante, Edemar Pereira, Rodolfo Román Quiroga, Manuel Alfredo Rojas, Salvador Gerardo Sessa, Shair Zuk, Eduardo Guillermo Zuk y Alexandra Michelle Díaz Copello.
También integraron la estructura —y fallecieron durante el proceso— la escribana Muto, Darío Ramón Vidal y Víctor José Zárate.
Quién es y qué hacía en este caso Diómedes Carbone
Diómedes Manuel Carbone, un nombre conocido en el ámbito judicial cordobés, está acusado de haber sido un engranaje de la asociación ilícita. Según la fiscalía, cumplía un rol estratégico como soporte económico y beneficiario oculto de las maniobras: aportaba fondos para financiar gestiones notariales irregulares y evitaba figurar en las escrituras públicas.
Se lo vincula directamente con la apropiación fraudulenta de lotes en Mirador del Lago, mediante escrituras falsas a nombre de un socio, y con la usurpación de terrenos en Tanti, donde habría participado en acciones intimidatorias para desplazar a la poseedora legítima. Con antecedentes penales y una condena previa por falsificación de moneda, Carbone negó los hechos y sostuvo que las operaciones eran legítimas.
Carbone es conocido en la Justicia Federal de Córdoba. En una de las causas más voluminosas y complejas por facturación apócrifa aparece como comprador de la empresa Corphone SA, un call center, que habría adquiridos facturas truchas para eludir el pago de impuestos.
