El Gobierno anunció que, antes de que finalice el año, presentará la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante la Justicia. Desde el Ejecutivo nacional señalan que ya se realizaron los intercambios de documentación con los fiscales y sostienen que el informe que será entregado al juez Sebastián Casanello está “avanzado”.
Los equipos bajo la supervisión del interventor Alberto Vilches llevan meses analizando los procedimientos administrativos relacionados con la adquisición de medicamentos, incluidas facturas que no figuraban en portales públicos ni contaban con trazabilidad dentro del Ministerio de Salud, según cita el medio TN.
En despachos oficiales reconocen la existencia de indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares, coincidentes con los elementos detectados en la causa judicial.
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En Casa Rosada sostienen que “no hay preocupación” por la mención a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro de la investigación y descartan conflictos por las citaciones a declarar del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y su exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini.
“A Karina no la mencionan, es una inferencia. Queremos que avance la Justicia, que lo viene haciendo muy rápido”, señalaron desde Nación. En Balcarce 50 niegan que las anotaciones “KM, SC, ML, PAMI y CZ” encontradas en los cuadernos obtenidos durante el allanamiento al departamento de Miguel Ángel Calvete estén vinculadas a un esquema de corrupción, y las atribuyen a modificaciones en el sistema de compras.
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ANDIS: cambios en contrataciones y el presupuesto
El Gobierno asegura que modificará el régimen de contrataciones de la ANDIS una vez finalizada la auditoría y con el progreso del proceso judicial, iniciado tras la filtración de los audios de Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo.
Desde el Ejecutivo reconocen además que buscan ejecutar compras y contrataciones de forma directa con los laboratorios, sin la mediación de droguerías. El Gobierno advierte, sin embargo, que el procedimiento “va a ser largo”, debido a los costos administrativos, financieros y legales involucrados. También proyectan derogar los contratos con los actores que están bajo investigación judicial.
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Según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía sobre la ANDIS, $3,1 billones se destinan a gastos de “seguridad social”, $556.054 millones a “salud” y $5300 millones a “promoción y asistencia”. La próxima citada a declarar ante el juez es Lorena Di Giorno, del sector Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), convocada para el 28 de noviembre.
Las denuncias bajo investigación incluyen direccionamientos de contratos millonarios y supuestos pedidos de coimas. De acuerdo con la pesquisa, al menos cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta) presentan indicios de haber recibido beneficios de manera sistemática. Se trata de contratos que deberán ser documentados en la auditoría que precisamente lleva adelante el oficialismo.
NG
