Gabriel Edgardo Fabián Corizzo y Carlos Marcelo Scozzino llegaron a un acuerdo con el fiscal Nicolás Czizik. Reconocieron que cometieron el delito de falso testimonio y aceptaron una pena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación absoluta de seis años. El pacto debe ser refrendado por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3. Ellos declararon bajo juramento de decir verdad, en el marco de un expediente judicial, que habían visto al juez federal Sebastián Casanello en la quinta presidencial de Olivos, pese a que sabían que no era verdad. El objetivo del testimonio era afectar la credibilidad del magistrado en la instrucción del caso “Lázaro Báez”.
Este procedimiento, llamado juicio abreviado, permitirá eventualmente que el hecho no quede impune, aunque nos va a privar a los ciudadanos de un juicio oral que podría develar todo el entramado que finalizó con los testimonios falsos, sus efectos mediáticos, los daños al buen nombre y honor del juez y quienes pensaron, organizaron e implementaron un hecho que, de acuerdo con el expediente, tenía vínculos con los servicios de inteligencia. Pese a esta limitación, el acuerdo revela uno de los tantos males que aquejan al sistema judicial y que exhiben la complejidad de un problema que excede a la burocracia judicial.
Algunas personas o grupos se sirven del sistema público de enjuiciamiento con objetivos que poco tienen que ver con hacer justicia
República de la impunidad. El juicio abreviado a Corizzo & Scozzino, muestra con nitidez el uso privado del expediente judicial. Esto quiere decir la forma en que algunas personas o grupos se sirven del sistema público de enjuiciamiento con objetivos que poco tienen que ver con hacer justicia. Aquí es brutal la literalidad. Para debilitar la credibilidad de un buen magistrado, se inventó un hecho delictivo, se presentó a la Justicia en forma de denuncia, incluso se aportaron los testigos y se exhibió el hecho como algo dado en los medios de comunicación masiva. Es cierto que el fenómeno de las causas armadas combinado con la faz mediática no es nuevo. De hecho, traté el tema con mayor profundidad en República de la Impunidad (Ariel 2020); especialmente, cuando se usa la Justicia para crear falsos héroes o supuestos villanos y se generan los “juicios mediáticos”.
Aquí quiero enfatizar cómo una causa judicial elaborada en base a pruebas falsas es capaz de crear una escena digna del realismo mágico pero que, para reducir el nivel de abstracción, es capaz de dañar el prestigio de las instituciones y el honor de los magistrados, dos piezas claves para que el sistema judicial en su conjunto recupere su capital básico: la credibilidad. El uso privado del expediente muestra la capacidad de la propia sociedad de autoinfligirse sufrimientos a sí misma, cuando escoge usar lo público para fines propios.
Irrealismo básico. Basta repasar la prensa de la época para cotejar aquel realismo mágico que no necesitó la pluma de Gabriel García Márquez, pero que construyó un relato ficticio que ubicó con pruebas irreales al juez Sebastián Casanello en un lugar en el que no debía estar porque esa conducta era incompatible con su cargo.
El rasgo más interesante del caso tiene que ver con que exhibe un costado muy profundo de las transformaciones del aparato judicial que añadió a las funciones manifiestas que le asignó la Constitución, algunas funciones latentes. En efecto, de acuerdo con la Constitución los jueces deben resolver conflictos con la ley, ejercer el control de constitucionalidad y dictar las normas que hacen posible el trabajo de ese poder del Estado. Pero, por razones que no puedo tratar ahora, la Justicia cumple otro tipo de tareas. Los expedientes, por ejemplo, se usan como un instrumento que persigue objetivos distintos a los legales pero que, irónicamente, reivindica a la ley. O, más sencillo, en nombre de la ley se hacen cosas ilegales.
La resolución por juicio a veces no hace otra cosa que reproducir niveles de impunidad y que no se castigue las violaciones a la ley.
El tema es complicado. Tan solo quiero enumerar tres consecuencias que trae aparejado y que no tienen que ver solo con las acciones de los funcionarios judiciales de carne y hueso, sino que envuelven a los dispositivos institucionales de la República. Las tres son producto de los comportamientos reñidos con la moral de los propios actores y los tres contribuyen a un proceso de des-ciudanización que nos aleja de una vida civil y nos acerca a una social (en la que vale todo).
Desigualdad ante la Justicia. En primer lugar, la posibilidad de disponer de la administración de Justicia para usos particulares coloca a un poder del Estado como una suerte de herramienta o insumo pasible de ser utilizado por quien pueda. En segundo lugar, la ley que por definición es universal aparece como una cosa que integra el elenco de recursos de algunos sectores sociales. En tercer lugar, en esa suerte de expropiación del entramado institucional anida la oclusión de la ley como elemento capaz de unir a la sociedad.
En definitiva, el uso privado de los expedientes reproduce la impunidad, contribuye a que en nuestra vida pública las violaciones de la ley no tengan consecuencias, es fuente de violencia, pero, a la vez, permite a quienes pueden hacerlo lograr que la ley se aplique selectiva y contradictoriamente de un modo distinto al que contempla la Constitución.
*Fiscal penal de la Nación.
