OPINIóN
Transparencia

España y Chile hacen punta en políticas públicas

Contrataciones, delitos económicos, secreto bancario, compras públicas, transferencias a las provincias, transferencias desde el Estado, legajos limpios de funcionarios y candidatos, topes al gasto electoral… y otros temas en los que el país tiene para aprender

El presidente Javier Milei y parte de su gabinete asomado en el balcón de la casa de gobierno.
El presidente Javier Milei y parte de su gabinete asomado en el balcón de la casa de gobierno. | Agencia Telam

Hace unos meses Chile acaba de presentar una novedosa Estrategia de Integridad Pública con más de 100 medidas de anticorrupción.

La comunicación de gobierno dio a conocer que la estrategia fue formulada con la siguiente perspectiva: “La Estrategia Nacional de Integridad Pública es una política hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia e integridad y lucha contra la corrupción.”

Por esto, si lo pensamos en espejo, una estrategia de integridad participativa anticorrupción en Argentina podría tener en cuenta todavía más, si quiere hacer los deberes para el ingreso a OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cambios no sólo en las leyes que no tenemos aún, sino tener en vista las actualizaciones que se requieran en la normativa administrativa y penal para prevenir y sancionar las contrataciones de personal por conflictos de interés y el delito sobrevinientes, delitos económicos, secreto bancario, mejoras en la ley de compras públicas, transferencias a las provincias, las rendiciones de cuentas de personas y Ongs por transferencias desde el Estado, la ficha y/o legajo limpio para candidatos y funcionarios públicos, transparencia y topes al gasto electoral en el ámbito físico y digital, la vigencia y ampliación de la transparencia activa de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras necesidades.

Un punto destacado en todo esto, para alentar inversiones internacionales, es poder avanzar en todo lo necesario para desalentar la evasión fiscal, el crimen organizado y terrorismo, lavado de activos y otorgar seguridad jurídica.

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Y como ejemplo de compromiso activo, en materia de políticas públicas inclusivas,  respecto al lobby, en Chile han decidido capacitar a los actores que realizan esta tarea y funcionarios, para que justamente no sea una acción extractiva o que capture áreas del Estado, promoviendo entonces así una cultura inclusiva. Esto, dada la reciente intervención del órgano de contralor que ha dictaminado una instrucción interpretativa mediante la E 444887, en este enero 2024. Todo un ejemplo a seguir para este lado de la cordillera.

Políticas públicas en España

Por otro lado, en España, a finales de febrero, entra en vigor una normativa que podemos decir que viene a culminar un largo recorrido normativo iniciado en la Ley 3/2007 que busca la igualdad en el ámbito laboral.

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Mediante la Ley 4/2023 del 28 de febrero de 2023, el Rey de España Felipe VI publica en el Boletín Oficial que, en un año desde su entrada en vigencia, las empresas de más de 50 empleados están obligadas a implantar programas DEI, en donde se planifiquen y establezcan los recursos necesarios para la igualdad y real trato a las personas LGTBI. 

En este sentido, para que no quede en meras expresiones o principios, se obliga a establecer una protocolo para la prevención y actuación frente al acoso o violencia de cualquier forma que pueda surgir.

En todos los casos, cabe destacar que la política pública inclusiva se diseña y aplica mediante un mecanismo en donde todas las medidas deben ser pactadas a través de la negociación colectiva y acuerdos entre empleados, empleadores y sindicatos.

España y Chile nos muestran de este modo dos políticas públicas inclusivas, que parecieran no tener conexión entre sí, pero sí la tienen en la medida en que contribuyen a generar una cultura de avanzada y mecanismos de negociación y diálogo inclusivo en pos de instaurar la participación real y efectiva con fines a mejorar y transparentar la actuación del Estado pero también a generar equilibrios y reconocimientos en el ámbito público y privado para los grupos minoritarios, de presión o de interés que no deben ser dejados de lado en una democracia liberal y republicana.