Sería risible afirmar que, desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos han respetado la constitución al pie de la letra. Quizás, de hecho, tal cosa sea imposible. Pero sucesivas administraciones, hasta ahora, habían intentado usarla retóricamente para legitimar sus decisiones o al menos disimular su incumplimiento. Ese consenso de que la Constitución, al menos en papel, está por encima de las acciones de gobierno, se rompió con el advenimiento del coronavirus: el presidente Alberto Fernández decidió arrogarse la suma del poder público, como nunca antes en democracia, con la anuencia de gran parte de la oposición, el entusiasta apoyo de gobernadores e intendentes, y el silencio del poder judicial. Y si este problema no se reconoce, se profundizará a medida que la situación epidemiológica se deteriore nuevamente.
“Usted es el comandante en la batalla, somos uno solo en esta pandemia” decía uno de los líderes de la oposición un día antes del establecimiento de la cuarentena; cuando el presidente la decretó, tenía a su lado a gobernadores también opositores. Nadie objetó el anuncio vía DNU sin una declaración de estado de sitio o una discusión en el parlamento. Apenas algunos sectores marginales criticaron la limitación ilegal de derechos constitucionales básicos, como el derecho a la circulación o al uso y disposición de la propiedad, que además ponía seriamente en peligro la integridad física de quienes estuvieran sujetos al arbitrio de las fuerzas de seguridad.
Gobernadores e intendentes de todos los colores aceptaron con beneplácito la instauración de la cuarentena y la usaron como justificación para cometer toda clase de barbaridades inconstitucionales. Fronteras internas, toques de queda, enjaulamientos, desapariciones, y asesinatos: nada de esto podría haber ocurrido sin el aval implícito de un gobierno nacional que nunca intercedió por los ciudadanos afectados sino que, por el contrario, fomentó el avance de autoridades locales sobre las libertades de los ciudadanos.
El presidente decidió arrogarse la suma del poder público con la anuencia de la oposición, el apoyo de gobernadores e intendentes, y el silencio del poder judicial
El gobierno hizo lo que quiso, en parte, también gracias al silencio de la justicia. Fueron escasos y tardíos los amparos admitidos de todos los que pedían por sus derechos: fallos que identificaran al DNU original como una instancia inconstitucional de legislación en materia penal o que permitieran a los varados regresar a sus hogares brillaron por su ausencia hasta muy avanzada la pandemia. Hacia junio, más de diez millones de notificaciones y casi cien mil detenciones se habían producido contra quienes no hubiesen cumplido con los dictados del gobierno sin que nadie los protegiera.
El gobierno nacional decidió, de un día para el otro, que la Constitución pasaba de ser un documento vinculante a ser un simplemente un documento con recomendaciones, y ningún actor del sistema se lo impidió. Tampoco lo hizo la ciudadanía: no fue sino hasta que los efectos económicos de la cuarentena se hicieron sentir que el gobierno dejó de tener estratosféricos niveles de apoyo, algo preocupante porque indica que su espiralización autoritaria no solo fue permitida sino que fue exigida por la sociedad. En efecto, cuando el presidente llamaba “idiotas” a los que no cumplían con sus órdenes y se arrogaba el derecho de crear legislación para encarcelarlos no hacía sino replicar lo que le pedían casi todos los argentinos. Sí, el gobierno podría haber estado a la altura y haber defendido la constitución, pero si no lo hizo es porque nadie lo forzó a hacerlo.
Está la idea implícita de que cualquier liberación es un “regalo” del gobierno antes que un derecho restituido
El tiempo pasó y la oposición, pese a su lapsus inicial, terminó por denunciar la radicalización anticonstitucional del gobierno. Pero el presidente no ha dado marcha atrás o, si lo ha hecho, solo ha cedido sin reconocer su extralimitación y con la idea implícita de que cualquier liberación es un “regalo” del gobierno antes que un derecho restituido: no por nada el gobierno “autoriza” actividades como si tuviera, en primer lugar, la potestad de limitarlas. Y dado que esta actitud continúa, los niveles inferiores de gobierno tampoco han dado marcha atrás y entonces todos continúan arrogándose facultades que nunca debieron haberse arrogado y que siguen limitando derechos constitucionales básicos de las personas. Porque “estamos en pandemia”.
Si al gobierno, en base al número de casos, la “nueva cepa” o el indicador que sea, deja de agradarle la situación epidemiológica, entonces volverá a dejar a la sociedad indefensa frente a la violencia del Estado porque no existe hoy en Argentina un consenso en torno de que debe primar la Constitución por sobre cualquier otro tipo de consideración. Y si bien la situación no es tan dramática como en marzo, la facilidad con la que este consenso constitucional se perdió en su momento debería ser motivo de preocupación. El primer paso para solucionar este problema, como con cualquier otro, es reconocerlo.
*Magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Chicago.
