Con relación a los escandalosos sucesos ocurridos (y que ocurren) en Nicaragua, Venezuela y Cuba y la postura adoptada por el gobierno argentino, cabe hacer las siguientes consideraciones.
Algunas veces se expresan argumentos con plena conciencia de su falencia lógica, a veces puede incurrirse en ellos involuntariamente. Por ello, cabe la distinción terminológica entre el paralogismo (que ocurre cuando alguien emite una falsa inferencia obrando de buena fe – sin la intención de engañar a otro –) y el sofisma o argucia, que es el argumento incorrecto y capcioso empleado con el deliberado propósito de engañar a otro.
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En materia de falacias se podría hacer una analogía con lo que sucede con los billetes y monedas falsos, muchas personas estafan deliberadamente con su entrega, pero también están las otras que, ya estafadas, la entregan por error, creyéndola verdadera.
El sofisma es el argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es objetivamente falso. Haciendo una analogía coloquial, podríamos decir que es querer “tapar el sol con un dedo”.
La necesidad de una paz perdurable en Colombia
Usar un doble standard para juzgar e intervenir en la política interna de Chile o Colombia y no intervenir –ni siquiera opinando , con relación a los sucesos públicos y notorios, gravemente antidemocráticos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, usando como excusa para actuar de tal modo el principio del Derecho Internacional Público de no intervención es ir contra la doctrina de los derechos humanos que es la base del Derecho Internacional Público desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy y no ser íntegra y auténticamente democrático–.
Dicha actitud, merece ser refutada.
Venezuela se hunde: inflación más alta del mundo y sueldo mínimo mensual a menos de un dólar
No se puede usar como argumento la “ignorancia” en tiempos de internet y contando con todos los medios, instrumentos, funcionarios y asesores para estar informado. Hacerlo es, además de un acto de cinismo, hacer un flaco favor a la democracia latinoamericana que día a día necesita ser consolidada, con dosis razonables y proporcionales de libertad y de justicia social.
Negar los atropellos a los que son sometidos los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba (hasta los propios cubanos, que no son antirégimen, lo admiten) es de un cinismo inclasificable.
La Constitución Nacional reformada en 1994 adoptó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como faro a seguir y ello, considerando considerar a todos los Estados iguales, sirve para evitar, a través de la diplomacia, el seguimiento estricto de los protocolos y las normas, que se cometan abusos y violaciones a estos derechos, tales como las que sufren actualmente los pueblos nicaragüense, venezolano y cubano.
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No pedimos un informe completo como el de la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet con relación a Venezuela, pero, al menos, una condena expresa y coherente a través de los canales adecuados. No condenar los procederes de las autoridades de las naciones mencionadas, es no ser auténticamente democrático.
Académica y políticamente se citan las doctrinas de Calvo y Drago como los hitos que dejaron personalidades públicas argentinas en la evolución histórica del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. A ella se ha sumado el trabajo descollante de funcionarios de Cancillería y de ministros de Relaciones Exteriores, a lo largo de toda nuestra historia, como Bernardo de Irigoyen o Carlos Saavedra Lamas, por citar solo algunos.
Hoy la situación de las naciones hermanas mencionadas (represión, atentados contra la libertad de expresión, avasallamiento de los derechos civiles, violación permanente y flagrante del Estado Constitucional de Derecho, hasta llegar a las torturas) amerita un pronunciamiento expreso, idóneo, solvente, contundente y, sobre todo, real y profundamente democrático, que fulmine, al menos con la expresa condena en los foros internacionales, el trato que las autoridades de Nicaragua, Venezuela y Cuba ofrecen hoy a la mayoría de sus ciudadanos.
No hay que “aparecer” como demócrata, hay que “ser” demócrata.
* Francisco Javier Funes. Abogado. Docente Universitario.
