Pocos meses tras el inicio de la pandemia era claro que, bajo las condiciones entonces prevalecientes y previsibles en cuanto a los patrones de oferta y distribución global, la emergencia de las vacunas contra el covid-19 no constituirían una cabal salida de la pandemia.
En efecto, la cortedad de miras, la inacción y las lecciones (des)aprendidas, probaron oponer trágicos obstáculos a la acción común colectiva global que reclamaba un desafío centenario.
Dejar numerosas poblaciones del globo a su suerte significa hacerle pito catalán a la emergencia de nuevas cepas y, con ello, exponer a la humanidad a que las vacunas existentes pierdan eficacia. No sólo el sentido de solidaridad, sino aún el del interés propio inteligente, han sucumbido al desafío.
Mientras que muchos países ricos llegaron a atesorar vacunas a pesar de adolecer de una defectuosa capacidad de distribución, muchos países pobres, y otros no tan pobres, aún desconocen cuándo podrán vacunar a su población, en un signo de falta aberrante de solidaridad internacional y de una irracionalidad que menosprecia costosas experiencias previas. Al día de hoy, la república de Sud Africa, con 60 millones de habitantes y 7.180 dólares de ingreso per cápita, aún carece de inoculantes, mientras que Guinea, con 13 millones de habitantes y 800 dólares de ingreso per cápita, obtuvo 25 dosis, apenas suficiente para vacunar a un puñado de dignatarios locales.
Muchos países pobres, y otros no tan pobres, aún desconocen cuándo podrán vacunar a su población,
La falla no radica tan sólo en la falta de solidaridad. El mero sentido común, y los mejores fundamentos teóricos, claman por concebir el conocimiento subyacente a las terapias y preventivos anti-pandemia críticos como bienes públicos globales. Sin embargo, ni aún la más grave crisis sanitaria de último siglo es suficiente para sacudir la inercia de estructuras legales y de incentivos que atentan contra el dinamismo y equidad del propio sistema económico-social.
Frente a todo ello, es refrescante que la nueva administración norteamericana del presidente Biden haya optado por desandar la decisión de su predecesor de retirarse de la Organización Mundial de Salud y, tan significativamente, por dar el apoyo de los EE.UU. a los esfuerzos de la iniciativa Covax, encabezada por la OMC y un grupo de organizaciones sin fines de lucro, con el apoyo de la Comisión Europea, con vistas a garantizar la vacunación equitativa de una proporción significativa de la población mundial, con independencia del nivel de riqueza, etnia, creencias, etc. de los países de origen. En este esquema, los más pobres en un listado de 90 países podrán acceder a las vacunas sin cargo.
Es refrescante que la nueva administración norteamericana del presidente Biden haya optado por desandar la decisión de su predecesor de retirarse de la Organización Mundial de Salud
No obstante, el desafío remanente es enorme y el tiempo y las vidas perdidas ya no se recuperarán. Las nuevas cepas se están reproduciendo a velocidad geométrica, duplicando el número de infectados de semana a semana. Tan sólo el caso de Africa se requiere la inmediata vacunación de 2.5 millones de trabajadores de la salud. No es fácil visualizar la manera de hacerlo a menos que los titulares de los derechos de propiedad intelectual se decidan a licenciarlos en términos favorables a productores en gran escala, como es el caso del Serum Institute de la India, para la pronta distribución global del producto, desplazando así, al menos en parte, la focalización en los mercados más lucrativos.
Según CEPI, miembro de Covax, ésta actualmente puede asegurar la oferta de hasta 3 mil millones de dosis comenzando el mes próximo, de las cuales Africa debería recibir 150 millones en la primera mitad del año y 600 millones en la segunda. A ello se agregan buenas perspectivas a partir de la comprobación de la eficacia y seguridad de la vacuna de Johnson & Johnson, así como la de empresa india Biological E, que demandarán tan sólo una vacunación. Pero esto deberá esperar hasta la segunda mitad del año en curso.
