El mismo domingo (14.11) a la noche, mientras se conocían los resultados electorales, el Presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso Nacional, en los primeros días de diciembre, un programa económico para que sea acordado con las demás fuerzas políticas. La novedad: que su extensión sería de varios años y que contendría los números del ajuste exigido por el FMI.
Todo esto empezó a tomar cuerpo ese mismísimo domingo por la noche. Ahí el Presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un “programa plurianual preacordado con el FMI”. Detengámonos sobre esto. Acá está la hoja de ruta del plan de ajuste que se pondrá en marcha en el futuro inmediato.
Primero: se trata de un programa “plurianual”, lo que quiere decir que no estamos hablando simplemente de un presupuesto de ajuste para el 2022. Por el contrario, es todo un programa que se extenderá por varios años, en concreto hasta 2025. Segundo: será, como ya lo confesó el propio presidente Fernández, un plan que seguirá las exigencias del Fondo. De ahí el eufemismo “preacordado con el FMI”.
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No existe un plan del Fondo con “inclusión social”
Desde el Frente de Todos insisten en que el acuerdo con el Fondo será “preservando el crecimiento económico y la inclusión social”.
Pero no existe ninguna posibilidad de un acuerdo con el FMI que no sea de ajuste. Así lo certifica toda la historia del organismo. Los 22 acuerdos anteriores de gobiernos argentinos con el FMI, de 1956 a esta parte, han sido, sin excepción, durísimos planes de ajuste. Lo mismo sucede si miramos cualquiera de los planes del Fondo con cada país del planeta. El propio Gobierno lo sabe, aunque esquiva cuidadosamente cualquier referencia a la palabra “ajuste”. Para eso utiliza otra expresión: “convergencia fiscal”. En concreto, con esto se quiere decir exactamente lo mismo: el FMI exige reducir el déficit fiscal a 1,5% del PBI el año próximo, a déficit cero en 2023 y a superávit en los años siguientes, todo para generar el “ahorro” en dólares suficiente para cumplir con los pagos al propio Fondo.
Esto tiene consecuencias concretas: reducción de las partidas en salud, educación y gasto social, tarifazos y devaluación (con la consecuente suba inflacionaria). Y la exigencia por parte del Fondo de avanzar en las llamadas “reformas estructurales”, laboral, previsional y fiscal.
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¿Qué se busca con el “diálogo”?
La realidad es que al Gobierno se le acaban los tiempos. El 20 de diciembre tiene que pagar 1.900 millones de dólares. Un nuevo desembolso que prácticamente termina con las pocas reservas que quedan.
El problema es que la deuda externa es una bola de nieve sin fin. En 2022 hay vencimientos por 19.000 millones de dólares. De ellos, hay que pagar casi 4.000 millones antes de marzo. Y el Gobierno del Frente de Todos, aunque quiera, ya no tendrá los dólares para afrontar esos vencimientos. Llegó la hora de la verdad: o acuerda, en el cortísimo plazo con el Fondo, o rompe.
Pero al Gobierno se le acaba también el doble discurso (amenazar con “romper” y negociar a la vez asegurando al establishment que se terminará arreglando con el Fondo). Porque, y así lo han dejado claro el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Ministro de Economía Martín Guzmán, la única opción que evalúan es acordar con el FMI. Por eso se insiste en el programa “preacordado” con el organismo.
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La única salida: romper con el FMI y dejar de pagar la deuda
El Gobierno del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio, los libertarios de Milei y Espert, los economistas del establishment, los voceros de las cámaras patronales, los burócratas sindicales de la “reunificada” CGT y también de la CTA, coinciden en un punto: que, “sí o sí”, hay que acordar con el FMI. Allí se acaban todas las grietas y las denuncias sobre “castas políticas”. Todos se someten a la figura todopoderosa del Fondo.
Creemos que ese es un camino seguro para que se incremente la pobreza, la desocupación, la marginación social y el deterioro mayor aún de la educación y la salud pública. Por eso, somos categóricos: nos opondremos al acuerdo con el Fondo y a este “programa plurianual”. También a cualquier “diálogo” o “acuerdo” que lo incluya, denunciando que esta es exactamente la exigencia del Fondo, que pide explícitamente un “amplio consenso político y social”.
Postulando una vez más que la única salida es otro programa, alternativo, que comienza justamente por dejar de suspender los pagos de deuda externa y romper con el FMI, para así poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.
* José Castillo. Economista. Docente e Investigador de la UBA. Dirigente de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad.
