Hemos visto pelear valerosamente a los soldados y conscriptos ucranianos y nos producen admiración. Pero también hay quienes están desarrollando una frenética actividad, que quizás no es tan espectacular y no tiene tanta prensa, y es igualmente admirable: la de las abogadas y abogados internacionalistas ucranianos, que están dando la batalla legal en varios frentes contra Rusia y, por ahora, vienen ganando.
El 26 de febrero demandaron a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, por interpretación de la Convención contra el Genocidio con el objetivo de quitar una de las bases legales (intervención humanitaria) alegadas por Rusia para invadir Ucrania. La CIJ fijó audiencias la semana que viene, para escuchar a las partes y decidir si dispone medidas cautelares. Su presidenta le advirtió a Rusia que hasta tanto, deben comportarse de manera tal que lo que decida la Corte eventualmente pueda ser efectivo.
En otro frente, Ucrania solicitó el 28 de febrero el dictado de medidas cautelares contra Rusia a la Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Denuncian “las violaciones masivas de los DD.HH. que están cometiendo las tropas rusas en el curso de la agresión militar contra el territorio soberano de Ucrania”. Y en un día ya consiguieron la resolución favorable, que ordena al gobierno de Rusia “que se abstenga de realizar ataques militares contra civiles y objetos civiles, incluidos locales residenciales, vehículos de emergencia y otros objetos civiles especialmente protegidos, como escuelas y hospitales, y que garantice inmediatamente la seguridad de los establecimientos médicos, el personal y los vehículos de emergencia dentro del territorio atacado o asediado por las tropas rusas”.
Por otro lado, en el ámbito de la ONU solicitaron una sesión del Consejo de Seguridad. Aunque fracasó el intento de condenar la agresión en ese foro (a causa, justamente, del veto de Rusia), se logró que la Asamblea General tome cartas en el asunto, abriendo una histórica sesión especial de emergencia basada en la resolución 377 (V), “Unión pro paz”: una vía legal que no se usaba desde 1982. Luego de dos días de deliberaciones, el órgano principal de la ONU condenó en los términos más enérgicos la invasión rusa, a la que califica de agresión y de violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, y le demanda a Rusia cesar inmediatamente en el uso de la fuerza contra Ucrania.
En el plano del derecho penal internacional, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que desea abrir una investigación de oficio, sobre posibles violaciones del Estatuto de Roma. Como Ucrania no es parte de ese tratado (ni tampoco Rusia), no puede referir un caso. Pero si la CPI decidiera tomar el caso a propuesta del Fiscal (su estudio ya fue asignado a una Sala de Cuestiones Preliminares), Ucrania puede aceptar la jurisdicción voluntariamente. Lo ha hecho en dos ocasiones anteriormente, en hechos relacionados con este conflicto (en 2013 y 2014). Además, si un Estado parte del Estatuto decide referir el caso a la Corte, el caso se aceleraría. Varios países ya han anunciado que lo harán, entre los que se adelantó Lituania. También hay un grupo de unos 38, coordinados por el Reino Unido, que lo harían en estos días.
Tomando en sus manos las armas que mejor conocen, los abogados y diplomáticos ucranianos están planteando estos días una férrea defensa de su país y sus ciudadanos, demostrando que el derecho internacional está vigente y que no es tan fácil, ni aún para los poderosos, violarlo impunemente.
*Abogado y profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.