*Desde Ginebra
El Secretario de Estado, Marco Rubio, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, ha lanzado una ofensiva contra la Corte Penal
Internacional (CPI), integrada por 125 países, no reconocida por Washington ni Israel. Impulsa pedidos de captura contra Benjamin
Netanyahu y Yoav Gallant, acusados por reprimir palestinos, y contra Vladimir Putin, y 5 otros rusos, por robo de menores en Ucrania,
más 2 líderes talibanes y el ex-jefe de policía filipino, todo vía 60 órdenes de captura.
Se añaden sanciones contra 11 magistrados de la CPI. Destacan el juez francés Nicolas Guillou, 3 ong palestinas, y la experta independiente de la ONU para los territorios palestinos ocupados por Israel, Francesca Albanese.
Estados Unidos exige a la CPI la anulación de los pedidos de captura contra responsables israelíes, y el cierre de las investigaciones sobre crímenes perpetrados en territorio palestino, pero la CPI se niega a modificar sus estatutos, que impedirían a sus jueces proseguir las investigaciones de personas, por lo general oriundas de países que no han ratificado el Estatuto de Roma, instrumento fundador de la CPI.
El ataque de Marco Rubio contra la CPI sucede cuando su fiscal, Karim Khan, ha sido suspendido de sus funciones por acusaciones de acoso sexual contra una de sus empleadas, proceso abierto en 2024 por “mala conducta”. La suspensión dispuesta por la CPI el 24 de julio pasado, por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones no debe ser confirmada por la Asamblea de los 125 Estados miembros. Sin embargo, Israel exige la finalización del caso, solicitando la anulación de los pedidos de captura contra Netanyahu y Gallant, reclamando “un referéndum sobre la institución o sobre el caso palestino”.
Estados Unidos exhorta a la CPI a enmendar su tratado fundador, prohibiendo perseguir a personas de países que no han ratificado el Estatuto de Roma. La CPI se niega a entrar en materia.
Existen precedentes, como los crímenes de fuerzas estadounidenses en Afganistán, o del libio Abdallah Senoussi, con alegaciones de tortura por soldados británicos en Irak, o las investigaciones de acusaciones sobre la flotilla para Gaza en 2010, todos casos que no prosperaron.
Lo sucedido hasta ahora en Palestina, Ucrania y Darfour serán resorte del futuro procurador, fenómeno hoy incierto. Por temores a represalias estadounidenses, o porque los estados concernidos se oponen a un pedido de captura de uno de sus ciudadanos, podría intentarse exigirle a la CPI, que se comprometa a poner en silencio los casos, algo imprevisible.
Ya circulan nombres de potenciales sucesores en 2027. Provisoriamente la oficina de la fiscalía de la CPI quedaría en manos de los procuradores adjuntos, la senegalesa Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan. Suenan para reemplazar a Khan el canadiense Robert Petit, quien se ocupara de crímenes cometidos por Bachar Al-Assad en Siria, o el argentino Fabricio Gariglia, con 20 años de experiencia en la CPI.
Su Asamblea no ha defendido a Karim Khan, ni su presunción de inocencia. Reaparece entre los 11 funcionarios sancionados por Estados Unidos. Y ha sido condenado por un tribunal de Moscú a 15 años de prisión, 6 en un goulag.
El 24 de junio pasado 3 jueces de la CPI cuestionaron mediante una querella presentada contra Donald Trump y Marco Rubio, las sanciones contra ellos ante un Tribunal de Nueva York. Desde hace meses la Corte se prepara para lo peor: una ofensiva directa mediante sanciones, que en esta oportunidad, apuntarían a la institución en su conjunto. Entre tanto especulan ver si ocurren defecciones entre los Estados miembros que han ratificado el tratado de la CPI.
Por otra parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, fue ungida Presidenta por orden del Presidente Donald Trump, quien asumió la invasión de Caracas del 3 de enero de este año. Se llevaron entonces cautivo a Estados Unidos al presidente venezolano Nicolas Maduro, a una cárcel de Nueva York, donde espera ser juzgado por “narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína”, junto a su esposa, Celia Flores, presa por los mismos cargos.
Se le atribuye a Marco Rubio accionar en el seno de los Estados bajo paraguas de seguridad estadounidenses, que abrigan fuerzas estadounidenses sobre su suelo o se benefician de una ayuda financiera de Washington, para que presionen aparentando tanto una demanda o una amenaza.
Con anterioridad a la CPI en 2002, la administración estadounidense celebró acuerdos bilaterales con todos los Estados en los cuales hubieran desplegado fuerzas, garantizándoles una forma de inmunidad.
En ese mismo año el Congreso adoptó la American Service -Members’ Protection Act -sobrenombre para las ONG de “la invasión de La Haya”, que da al Presidente estadounidense todos los poderes para hacer liberar por la fuerza a todo estadounidense o aliado que fuera detenido por la CPI. Para conducir su cruzada, Marco Rubio aguarda crear una suerte de coalición anti-CPI, formada por Estados que no son miembros. Debería poder contar con Rusia, pues el Presidente, Vladimir Putin, es objeto de un pedido de captura, emitido en marzo de 2023, por crímenes de guerra en Ucrania.
También de China, la cual no habría apreciado el mandato de detención requerido, en noviembre de 2024, contra el jefe de la junta birmana, el general Min Aung Hlaing, aliado de Pekín, por los crímenes cometidos contra la minoría musulmana rohingya, de la cual una parte se ha refugiado en Bangladesh.
Durante su visita a China, el 13 de mayo, Donald Trump habría propuesto a Xi-Jinping, sumarse a las fuerzas contra la CPI, con Rusia, según el Financial Times.
Marco Rubio acusa a la CPI de ponerse en arbitro mundial, ubicándose por encima del estado-nación, en tanto brazo armado supranacional de una burocracia mundialista. El canciller Rubio parece inscribir su campaña diplomática en el combate de dos mundos, el de la “soberanía”, contra el “globalismo”… Pretende atribuirle a la CPI y sus aliados “impulsar una guerra contra nuestro país… mediante el status de tratados y bajo la fuerza del derecho internacional”.
